Coahuila: Ciberdelitos, un problema que no se atiende bien

La tecnología es, a no dudarlo, el elemento que ha transformado la vida de los seres humanos de manera más profunda. La historia de los últimos dos siglos de la civilización humana no deja lugar a duda: eso a lo que llamamos “progreso” se lo debemos casi exclusivamente al desarrollo tecnológico.

Sin embargo, la tecnología también tiene aspectos “negativos”, pues cada vez que una revolución tecnológica ha transformado la realidad ha traído consigo repercusiones importantes para sectores específicos. Los beneficios siempre han sido superiores, asegura los denominados “tecnofílicos”, pero los efectos negativos existen y son medibles.

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Ninguna ola tecnológica, sin embargo, ha sido tan impactante en la vida cotidiana como la relativa a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y eso aplica para bien y para mal.

Uno de los aspectos negativos que hoy se resienten de forma relevante es el relativo a los denominados “ciberdelitos”, es decir, las conductas delictivas que, aprovechándose de la tecnología, afectan al patrimonio de las personas a través de conductas como el robo de identidad.

Los efectos los resienten, sobre todo, quienes tienen poca formación en el uso de dichas tecnologías y, por tanto, no comprenden a cabalidad los riesgos que implica el exponer su información sensible, particularmente la relacionada con el manejo de cuentas bancarias o de las redes sociales.

El reporte que publicamos en esta edición da cuenta de cómo en Coahuila, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha incrementado la incidencia de este tipo de delitos.

Y aunque las cifras oficiales, que compilan la información de quienes han acudido a las autoridades para reportar los delitos sufridos, dan cuenta de un incremento importante, lo verdaderamente preocupante es lo que se conoce como “cifra negra”, es decir, el número de casos que no son reportados porque las víctimas no los hacen del conocimiento de la autoridad.

Muchas razones hay detrás de tal decisión, pero la más importante tiene que ver, sin duda, con el hecho de considerar que lo ocurrido no puede ser revertido porque los ciberdelincuentes difícilmente podrán ser localizados y, mucho menos, castigados.

Ello implica que, lejos de procurar la persecución y castigo de la ciberdelincuencia lo que se requiere en este caso es una actitud de prevención, es decir, políticas públicas orientadas a culturizar a las personas más vulnerables y propensas a este tipo de actos.

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Porque en el caso de los delitos cibernéticos, la tecnología juega a favor de los perpetradores y eso dificulta de manera particular la investigación de dichos actos. Así, aunque no se trata de “resignarse” frente a la ciberdelincuencia, lo relevante es desplegar acciones que la contengan y eviten que sus víctimas se multipliquen.

Porque si algo está claro es que, al tiempo que la tecnología evoluciona, la vulnerabilidad se multiplica y ello nos hace cada vez más vulnerables.