Coahuila: El ICAI dejó de operar antes de extinguirse

Uno de los problemas clásicos de la administración pública en México es su falta de eficacia y, más aún, de efectividad. Y esto es particularmente cierto cuando hablamos de instituciones creadas para −al menos en teoría− combatir los vicios del servicio público.

El señalamiento anterior encuentra un ejemplo relevante en instituciones como el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), el cual fue creado hace casi dos décadas en línea con la ola que recorría el país y pretendía instaurar a la transparencia como una herramienta privilegiada para el combate a la corrupción gubernamental.

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Muchas promesas se hicieron en torno a la legislación que, inicialmente, impulsó el gobierno de Vicente Fox y fue repetidamente “perfeccionada” mediante sucesivas reformas que buscaban “darle dientes” a las instituciones encargadas de combatir el despotismo gubernamental.

Y no es que no haya pasado nada, pues el acceso a la información pública se convirtió en una realidad más o menos tangible, que permitió a múltiples organizaciones civiles, así como a incontables periodistas, realizar investigaciones en torno a la forma como se ejerce el gasto público en nuestro país en los distintos órdenes de gobierno.

Sin embargo, la principal promesa de la transparencia no se cumplió. La hipótesis era tan simple como elegante: los servidores públicos se inhibirían de incurrir en conductas indebidas, pues la transparencia volvería imposible que las ejecutaran en las sombras y, el sólo hecho de poder ser exhibidos, haría que desistieran del intento.

Hoy está claro que era ingenuo creer lo anterior, pues la corrupción no solamente resistió la transparencia, sino que, en compañía de su aliada incondicional, la impunidad, fortalecieron un binomio que hoy goza de cabal salud en México.

En esas circunstancias asistimos a la inminente demolición de los órganos garantes del acceso a la información pública, entre ellos el ICAI, que en nuestra entidad vive sus horas postreras.

Para desgracia colectiva, quienes han tenido a su cargo la institución en los últimos meses, ni siquiera han esperado a que se oficialice la desaparición del órgano y han abandonado por completo sus funciones desde hace tiempo, lo cual vuelve un auténtico desperdicio de dinero el presupuesto que le fue asignado para el presente año y del cual damos cuenta en el reporte que se publica en esta edición.

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Para todo efecto práctico, el ICAI ya no existe. Y eso se nota en el comportamiento de las autoridades municipales y estatales, a quienes ya no preocupa −ni ocupa− el cumplir siquiera con las obligaciones mínimas que, aun cuando ya nadie exija su cumplimiento, siguen estando en la Ley y siguen formando parte del catálogo de derechos de la ciudadanía.

Poco importó al principio que así fuera, hay que decirlo. Y claramente hoy existen menos razones para que importe.