La violencia que se vive en nuestras calles -las de Coahuila o de cualquier otra ciudad del país- constituye un reflejo de lo que somos como ente colectivo. Y eso incluye a los ciudadanos en lo individual, pero también a quienes forman parte de las instituciones públicas.
Tener claro lo anterior es indispensable para entender que la reducción de la violencia es una responsabilidad compartida, en principio, pero que se trata de una tarea en la cual las instituciones públicas tienen un rol particular que jugar para que las estrategias diseñadas para contenerla sean eficaces.
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Esto último implica que la única ruta realmente eficaz en el control de la violencia en una comunidad es aquella en la cual quienes actúan desde la esfera pública no contribuyen a su reproducción, ni se escudan en ella como herramienta para cumplir sus funciones.
Porque si las autoridades forman parte de la cadena de reproducción de la violencia entonces lo que lograremos, lejos de contenerla o erradicarla, es institucionalizarla. Es decir, lo que se logra por esta vía es condenar a la comunidad a padecerla eternamente.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a los disturbios que se registraron el pasado miércoles en el municipio de San Pedro de las Colonias y que implicaron el enfrentamiento entre pobladores de dicha comunidad e integrantes de la policía municipal.
Los hechos, según se ha reportado, se registraron luego de que el fin de semana anterior un joven de dicha comunidad, Martín Alexis Briceño Muñiz, “desapareció” tras ser presuntamente arrestado por integrantes de la Policía Municipal de dicha demarcación y haberse localizado su cuerpo sin vida, el miércoles pasado, en el ejido La Rosita.
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La indignación que provocó el hecho llevó a múltiples habitantes del municipio a realizar una protesta que derivó en enfrentamiento con la policía, hechos durante los cuales una persona más resultó lesionada al ser atropellada por una unidad de la corporación.
Las imágenes que hemos podido ver reflejan, sin lugar a dudas, que los elementos policiales carecen de la capacitación para enfrentar este tipo de eventos y, lejos de observar una conducta orientada a contener la violencia, la exacerban.
Los civiles que atacan con piedras y otros proyectiles a las patrullas y sus ocupantes están ocurriendo, sin duda alguna, en una conducta ilegal. Pero la forma en la cual reaccionan los elementos uniformados solamente refleja falta de entrenamiento y torpeza.
Contener y revertir la violencia que padecemos todos de forma cotidiana, a partir de conductas policiales como la observada en el municipio de San Pedro es imposible, no solamente porque la policía está contribuyendo a la generación de la violencia, sino porque este tipo de actuaciones destruyen la confianza ciudadana en las autoridades.
Los hechos de San Pedro constituyen en este sentido una importante lección que es indispensable asumir y utilizar en sentido positivo.
