Coahuila está recibiendo, por fin, lo que le corresponde

Uno de los reclamos que de forma constante se han formulado desde Coahuila es el relativo a la “retención” que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha hecho de los recursos que le corresponden a Coahuila, de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

De acuerdo con las distintas declaraciones que en su momento se realizaron a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el monto de los recursos “retenidos” a nuestra entidad podría ser superior a los 7 mil millones de pesos. Se trata de una cifra enorme, cuyo escamoteo carece de justificación, ya no digamos legal, sino incluso lógica.

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Y es que, como se ha comentado en repetidas ocasiones, al mismo tiempo que se retenían participaciones a las entidades del país, el Gobierno de la República presumía de lograr, año tras año, niveles récord de recaudación.

En otras palabras, las “retenciones” que el Gobierno Federal realizó sistemáticamente a las entidades del país no estaban justificadas en el hecho de que la recaudación tributaria resultara insuficiente para cubrir los montos autorizados por el Congreso de la Unión. ¿Cuál fue entonces la razón de tal comportamiento? La única respuesta plausible es la inexistencia de mecanismos para que los estados de la República se defiendan frente a las pulsiones centralistas de la Federación.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, en el cual se consigna un significativo cambio de conducta: a diferencia de lo ocurrido en el pasado reciente, a lo largo de 2025 Coahuila no solamente ha recibido el monto presupuestado, sino que se le han entregado recursos por encima de lo programado.

Y es que, de acuerdo con el reporte mensual sobre el gasto federalizado, que elabora el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, durante los primeros siete meses de este año Coahuila registra un 14.6 por ciento más de recursos pagados contra lo presupuestado.

El documento consigna que, de acuerdo con lo establecido en el PEF, a nuestra entidad tendrían que habérsele entregado, de enero a julio de 2025, unos 19 mil 361 millones de pesos, pero se le han pagado 21 mil 189, es decir, más de mil 800 millones por encima de lo proyectado.

¿Qué ha provocado este “cambio de actitud” de la Federación hacia los estados de la República? En realidad no es importante saberlo, sino establecer reglas que impidan un retorno a las condiciones del pasado reciente.

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Porque, a menos que la recaudación tributaria se desplome, y ello impida que el gasto proyectado pueda realizarse, no existe justificación alguna para que la Federación le retenga recursos a una entidad, para ya no hablar que el problema de fondo sigue siendo la fórmula con la cual se distribuyen los recursos que capta la hacienda federal.

Cabría, pues, esperar que este no sea un hecho aislado, sino un viraje en la dirección deseable, es decir, que de aquí en adelante no hablemos más de retenciones, sino de una distribución más justa de los recursos públicos entre Federación, estados y municipios.