Coahuila: garantizar justicia es un reto que demanda acciones concretas

El entramado legal e institucional construido en las sociedades democráticas para prevenir, investigar y castigar la conductas definidas como delitos tiene como propósito central erradicar tales conductas mediante dos acciones fundamentales: prevenir y hacer justicia.

La primera de estas acciones no requiere mayor explicación: se trata de diseñar e implementar estrategias orientadas a evitar que las conductas delictivas ocurran. En otras palabras, el objetivo es crear un sistema disuasor que lleve a las personas a contener sus impulsos en momentos clave.

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Expresarlo es, desde luego, mucho más fácil que ponerlo en practica con éxito. De hecho, el crecimiento de diversos índices delincuenciales en nuestra sociedad da cuenta del fracaso que, por regla general y por desgracia, experimentamos en este rubro.

La segunda acción es mucho más compleja. Y es que en este aspecto de lo que se trata es de investigar con eficacia los delitos, juzgar a los presuntos responsables con rigor e imponerles las penas conducentes, pero también garantizar la reparación o compensación del daño provocado.

En otras palabras, hacer justicia no solamente implica que quien comete un delito sea sujeto a juicio y eventualmente condenado, sino también atender a las víctimas desde una perspectiva integral.

Esto último implica concebir la justicia hacia la víctima no solamente como un trámite que se satisface con la emisión de una condena, sino como una acción integral del Estado orientada a la atención de las secuelas materiales y emocionales que el episodio le haya dejado, además de asegurar que los hechos no puedan repetirse nunca más.

Y esto es justamente lo que no ocurre en países como México donde las instituciones de procuración y administración de justicia, así como las instancias relacionadas con la prevención del delito y la atención a víctimas se encuentran en un estadio más bien primitivo.

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Lo anterior queda de manifiesto en el reporte que publicamos en nuestra edición impresa de hoy, relativo a la estadística recopilada en el informe “Niñas, niños y adolescentes en el estado de Coahuila de Zaragoza: el escenario actual y perspectivas del futuro”, dado a conocer hace unos días y en el cual se cuestiona la calidad del juzgamiento de los delitos sexuales cometidos contra menores.

De acuerdo con dicho informe, la mayor parte de los cientos de casos juzgados entre 2017 y 2021 en la entidad se resolvieron mediante el método de “juicio abreviado” lo cual, aunque implicó la emisión de sentencias condenatorias no necesariamente equivale a hacer justicia.

Debido a ello, el efecto disuasor que las condenas debieran producir no aparece y eso se refleja en la persistencia de este tipo de delitos en nuestra comunidad, un hecho que debe preocuparnos -y ocuparnos- a todos.

Cabría esperar que, ante la evidencia expuesta, quienes tienen a su cargo las instituciones encargadas de incidir en este fenómeno asuman la urgente necesidad de avanzar con mayor rapidez en la dirección correcta.