Coahuila: Inversión pública, ¿cuánto debe destinarse a ella?

La inversión pública representa uno de los rubros más importantes en la ejecución del gasto gubernamental, pues de esta depende que las comunidades −tanto urbanas como rurales− puedan desarrollar en mejores condiciones las actividades económicas de las cuales dependen.

En este sentido, los gobiernos de todos los órdenes tienen la responsabilidad −ineludible, por lo demás− de priorizar dicho gasto en sus presupuestos.

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No se trata, por cierto, de una obligación exclusiva del Gobierno Federal, el estatal o el municipal, sino de una asignatura concurrente en la cual deben armonizarse las estrategias macroeconómicas de los países con los proyectos regionales y las aspiraciones locales.

Para decirlo en otras palabras, la inversión pública debe responder, al mismo tiempo, a una visión amplia de la realidad económica nacional y a la perspectiva específica de las comunidades, de forma que los proyectos financiados con gasto público respondan de forma efectiva a las necesidades de la población, al mismo tiempo que impulsen la economía general.

Visto así el panorama, resulta obvio que el resultado final esperado, es decir, la existencia de proyectos armónicos de desarrollo económico, no puede ser producto de la casualidad, sino el resultado necesario de una estrategia de planeación ejecutada de forma puntual.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la disparidad existente, entre los municipios de Coahuila, respecto del porcentaje del presupuesto público que cada uno destina a la inversión en obra pública.

De acuerdo con un análisis realizado por la Auditoría Superior del Estado, algunos de los municipios más pequeños de la entidad −Hidalgo, Viesca o General Cepeda− destinan casi un tercio de su presupuesto global de egresos a dicho rubro, mientras que los más grandes −Saltillo, Torreón o Acuña− no llegan siquiera al 20 por ciento y Piedras Negras o Monclova apenas rebasan el 25 por ciento de su presupuesto.

Sin embargo, antes de emitir una calificación sobre el particular, conviene preguntarse, ¿cuál es el porcentaje deseable de recursos que un municipio debe destinar a la inversión en obra pública? O quizá sea más correcto preguntar en qué rango debería ubicarse dicho porcentaje.

Porque, como ocurre con múltiples aspectos del servicio público, establecer una regla rígida en este sentido no es posible y acaso tampoco fuera deseable. Sin embargo, sí parece necesario tener claro el rango en el cual resultaría “sano” que fluctuara la inversión pública municipal.

Cabría esperar en este sentido que los análisis de este tipo, realizados por la ASE, evolucionaran para convertirse en guías que no solamente orienten el diseño y ejecución del gasto público municipal, sino que den paso a mecanismos para evaluar la eficacia de las administraciones.

Porque, al final de cuentas, en materia de gasto público lo más importante es que la rendición de cuentas se convierta en un instrumento ciudadano.