Coahuila: la crisis hídrica en la Región Sureste, ¿es producto de la corrupción?

Que la región norte del país sufre una crisis de disponibilidad de agua es un hecho innegable. Los estudios que reflejan tal realidad son numerosos y las voces que señalan la reducción de este insumo para todo tipo de actividades no hacen sino multiplicarse.

La solución a este problema, o al menos lo indispensable para evitar que se agrave, lo han advertido múltiples especialistas, implica sobre todo mejorar la gestión del recurso. Hacer eso requiere, en primer lugar, tener claridad sobre cuánta agua se usa y para qué se usa.

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En el caso específico de la Región Sureste de Coahuila, que se surte del acuífero Saltillo Sur, desde hace tres años pesa un dato que debe preocupar a todos: dicho acuífero registra -en la estadística de la Comisión Nacional del Agua- un déficit superior a los 52 millones de metros cúbicos.

Dicho déficit implica que del citado Acuífero se extrae casi cuatro veces más agua de la que recarga, lo cual constituye un suicidio para agricultores, industrias y personas que dependen del mismo. Porque a ese ritmo, tarde o temprano el acuífero terminará abatido.

Sin embargo, como lo consignamos en el reporte que publicamos en nuestra edición impresa de hoy, podría ocurrir que tal déficit solamente ocurra en el papel, es decir, que se trate de un fenómeno creado artificialmente por propietarios inescrupulosos y servidores públicos deshonestos.

En efecto, como lo señalan diversas voces, el problema habría sido causado por la expedición, por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de certificados de registro de pozos que en realidad no existen pero sí son considerados para realizar la contabilidad del agua que se extrae del acuífero Saltillo Sur.

La expedición de tales registros, que ampararían la extracción de unos 51 millones de metros cúbicos al año -casi la misma cantidad de agua que consume Saltillo- se habría promovido con el propósito de incrementar el valor de los predios donde presuntamente se encuentran.

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La pregunta surge sola y es muy simple: ¿por qué la CONAGUA no ha verificado la existencia de tales pozos y, en caso de no localizarlos, proceder a la cancelación de sus registros?

Hacer tal no solamente implicaría corregir una práctica viciada, sino eliminar la presunta distorsión que hoy existe respecto de la disponibilidad de agua en el referido Acuífero, una acción indispensable para proceder al establecimiento de un mecanismo de gestión confiable.

Dejar de hacerlo, por lo contrario, otorga carta de naturalización a una cultura de la ilegalidad que se ubica en la base misma de múltiples problemas que padecemos cotidianamente los ciudadanos.

Cabría esperar en este sentido que la CONAGUA ofrezca una explicación clara al respecto y asuma un compromiso claro y sin ambigüedades con la corrección de cualquier vicio relacionado con la emisión de los certificados de registro de los pozos que operan en la región.