Coahuila: ¿La pérdida de tiempo en el Registro Público puede ser indicativo de ‘arreglos’?

Dentro de la estructura administrativa del Gobierno del Estado existe, entre otras dependencias, una cuya función es de gran importancia por la delicadeza de los asuntos que tienen que ver con la propiedad inmobiliaria. Esta dependencia es el Registro Estatal de Trámites y Servicios Públicos, cuyo funcionamiento, desde hace años, trabaja con una parsimonia atroz, situación que en ocasiones cae en la desesperación por parte de los interesados al ver que sus trámites sobrepasan un tiempo prudente.

De igual forma, sabemos que existe un ente, que es el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, que empata trabajo con el Registro Estatal, formando una mancuerna donde abundan quejas por parte de los usuarios, en el sentido de que los asuntos no caminan en un tiempo razonable, pues no es posible que, en algunos, casos dure meses el trámite para que sea concluido. ¿Qué puede suponer el ciudadano? ¿Que hay falta de capacidad del personal, que falta personal o, acaso, que se trata de mensajes que sugieren algún tipo de arreglo?

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Los medios han publicado, con profusión, sucesos sobre la intervención de notarios públicos en la elaboración de escrituras en forma indebida, con datos carentes de exactitud, provocando a los interesados que pierdan tiempo y dinero. Esas anomalías, al parecer, pasan “desapercibidas” por la autoridad correspondiente, lo que da a pensar que puede existir un hilo conductor entre esas dos oficinas y, de paso, la posible obtención de una ventaja. Ha trascendido que esas dependencias sostienen una forma de actuar que, en algunos casos, denota un trabajo alejado de la pulcritud que debe observarse. Y lo extraño es que la autoridad superior no remedie esos males, situación que puede traer corresponsabilidad.

El Registro se ha convertido en blanco de comentarios, en virtud de que, cuando salen a la luz pública algunos errores, existe la presunción de una coexistencia entre las dependencias, cuya culpa se hace recaer en el trabajo de algunos notarios. Y cuando es una realidad sólo les imponen sanciones blandas que pueden dar lugar a recurrencias.

Existen, de igual forma, casos tan graves que han dado cauce a juicios, pero que la Dirección de Notarías del Estado los ha visto con mínima importancia. Se supone que en esa dependencia esos trámites deben ser revisados escrupulosamente, por lo que se podría pensar que la aplicación de sus atribuciones no está debidamente sustentada, como lo marca la normatividad. Esto podría ser indicativo de que están fuera del control de esa oficina o que, suponiendo sin conceder, consientan esas insolvencias con algún fin.

Sin embargo, cuando hay faltas y son descubiertas se debe actuar con decisiones tajantes, apegadas a la norma, y no conformarse sólo con imponer sanciones sin ninguna fuerza, y llegar hasta las últimas consecuencias, incluso −si así procede− cancelar los famosos y redituables fiats notariales.

Ese procedimiento operativo del Registro Estatal ha persistido, por lo que se ve que trabaja con una estructura administrativa inapropiada que ha motivado quejas e inconformidades, sin resultados favorables para la ciudadanía, que es la que paga su funcionamiento. Por ello, es imperativo implementar una profunda restructuración innovadora, un sistema en el que se cumpla con los tiempos para la entrega de los documentos, y no dar pábulo a pensar que lo hacen de esa forma para obtener algún tipo de privilegios.

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No es posible que, después de tantos años, no haya podido ser una dependencia que trabaje con estándares de calidad, pues es claro que no valoran la labor tan importante y delicada que tienen en sus manos ni la obligación de dar buenos resultados.

Esas dependencias no tienen derecho a manchar el trabajo, en general, que hace el Gobierno del Estado y que le ha valido ser reconocido nacionalmente.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

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