Coahuila: La simulación del caso Allende

Se cumplieron 15 años de la Masacre de Allende. Se cumplieron ocho años desde la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Y se van a cumplir siete años desde la disculpa pública por los hechos ocurridos en Allende y en la región Norte.

Y es fecha en que el caso no logra verdad ni reparar el daño a las víctimas. Y así, ¿cómo podemos esperar creer en las autoridades si no corrigen una herida? ¿Cómo crecer sin verdad? ¿Por qué buscar siempre enterrar el pasado en lugar de ponerle cara?

La CNDH dictó la recomendación 10 VG/2018, donde presentó 37 puntos recomendatorios dirigidos al gobernador del estado, a la presidencia municipal de Allende, a la entonces Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General de Coahuila.

Mediáticamente se cumplió el 27 de junio de 2019 con una disculpa pública que encabezó la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el entonces gobernador Miguel Riquelme Solís.

Después de ello, todo ha sido simulación. Así lo aseguran familias afectadas, según relatos recuperados para el trabajo de SEMANARIO, “Voces de Allende, a 15 años del terror”.

Por ejemplo, es fecha en que no hay certeza de la cantidad de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas.

Un dato sorprendente es que en Allende existe un registro histórico de 90 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esta cifra no es menor, pues a nivel de tasa, Allende (23 mil habitantes) tiene más desaparecidos que Torreón.

Muchos de los testimonios que hablan ahora de Allende lo hacen desde la afectación en el contexto de violencia. Es decir, son familias que tienen un ser querido que desapareció en esa época; no necesariamente en los tres días que se reconocen, ni tampoco necesariamente en el municipio. Porque la realidad es que Los Zetas no aparecieron en Allende del 18 al 20 de marzo de 2011. Los Zetas controlaban el territorio.

Muchas familias fueron desplazadas y, hasta hoy, no han regresado a Allende, como la señora Silvia Garza Villarreal.

En 2018, la CNDH recomendó llevar a cabo un censo que confirmara el número de habitantes de Allende que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, con motivo de los hechos ocurridos. Sin embargo, nadie a la fecha conoce esa cifra y el retorno de esos coahuilenses nunca derivó en una estrategia de gobierno.

Como tampoco se sabe qué fue de la recomendación para realizar las diligencias necesarias a fin de determinar la identidad de las víctimas de las 219 muestras biológicas susceptibles de análisis, que fueron encontradas en el interior del rancho “Los Garza”, la familia más afectada por la masacre.

AL TIRO

Por supuesto que lo que menos se ha cumplido es brindar una reparación integral del daño mediante una compensación y/o indemnización justa (así dice la recomendación de la CNDH) a las víctimas indirectas de detención arbitraria y desaparición forzada.

El llamado de las familias a las autoridades que se avientan la bolita es unánime: dejen la simulación y comiencen a cumplir.

De lo contrario, el siguiente paso –y quizá se han tardado– es buscar instancias internacionales, pues se trata, sin lugar a duda, de un delito de lesa humanidad y es imprescriptible.