Coahuila: Entre ‘El Jimulcazo’ y el acuífero, el peso de los intereses y poderosos

Dos casos relacionados con la protección del medio ambiente demuestran el interés económico y político que prevalece en ciertos grupos. Dos casos relacionados con el medio ambiente dan cuenta que a los poderosos poco les importa el cuidado de la casa común.

Me refiero al interés que tuvo un grupo de 29 concesionarios de agua subterránea por detener la sentencia 543, que protege el acuífero de La Laguna, y al evento “El Jimulcazo”, donde, bajo el amparo y cobijo de la Policía Estatal de Coahuila, a otro grupo no le importó afectar la flora y fauna de una reserva ecológica.

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El Jimulcazo fue un evento ocurrido el 28 de febrero en donde, según videos y fotografías, las personas, a bordo de vehículos tipo Razer (RZR), no acataron el Reglamento y el Programa de Manejo que rigen las actividades permisibles y prohibidas en la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, e invadieron el cauce del río Aguanaval.

Autoridades de Medio Ambiente, tanto municipal como estatal, confirmaron que el evento no tuvo los permisos necesarios y que ya se les había advertido la prohibición que existía. De todos modos, no les importó.

El problema es que el evento contó –como ya se informó en las páginas de este diario en la columna Politicón– con la presencia, cobijo y custodia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Hay que recordar que apenas en noviembre de 2025, el gobernador Manolo Jiménez inauguró un cuartel de la Policía Estatal en el ejido Flor de Jimulco de Torreón, con el objetivo de fortalecer y cuidar la seguridad en los límites con Durango.

Lo grave, pues, es precisamente que una autoridad de gobierno sea la que incumple y permite la violación a los reglamentos de la Reserva.

El segundo caso es el de la sentencia 543 y el interés por revocarla por parte de un grupo de 29 concesionarios del agua, en donde se hallan nombres de empresarios y políticos.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había reconocido las omisiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para proteger el acuífero de la región, una de las reservas de agua subterránea más importantes del norte del país y de la cual dependen para el abastecimiento de agua, el equilibrio ambiental y gran parte de la actividad económica de la región.

El abogado y representante de asociaciones como ProDefensa del Nazas y Encuentro Ciudadano Lagunero, Luis Pedroza, había declarado que no había sustento para revertir una sentencia del máximo tribunal de justicia del país.

Afortunadamente, apareció la lógica en la decisión de votar en contra de las magistradas María Guadalupe Carranza Galindo y Magda María Isabel Cobos Lerma. Sin embargo, no deja de llamar la atención dos puntos: uno, la entrada que permitió el magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes, que proponía revocar la sentencia de la Suprema Corte; y dos, el interés que persiste entre quienes se creen dueños del agua (no lo son, que no confundan una concesión con ser dueños) por encima del interés de miles de personas.

AL TIRO

El poder y los intereses están allí, siempre buscando acaparar, controlar, ganar, salir impunes. Se creen dueños de agua, ríos y sierras.

Es necesario, como se muestra en estos dos casos, un activismo y una participación de la ciudadanía, capaz de hacerle frente a los intereses que usan la naturaleza como rehén del poder. Quedarse callado ya no es opción.

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Sobre el caso de la sentencia 543 del acuífero, las asociaciones ambientalistas informaron que acudirían al Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de que se evalúe la actuación del magistrado Romero Bulnes. En el caso del Jimulcazo, la pregunta es si habrá una sacudida y castigo a los responsables.

El tema en ambos casos es: no permitir que la naturaleza sea apadrinada por políticos, empresarios o poderosos.