Cárteles ‘terroristas’: ¿qué implicaciones tendrá?

Uno de los temas de los que más se ha hablado en la semana es el relativo a las repercusiones que en México puede tener la declaratoria -realizada en el primer día de su administración, por Donald Trump- que caracteriza a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Al respecto, la arista sobre la que más se ha especulado -porque hasta el momento no existe ninguna acción concreta- es la relativa a la posibilidad de que el gobierno estadounidense combata a las referidas organizaciones en nuestro propio territorio.

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El propio Trump se ha encargado de alimentar dicha especulación pues, a pregunta expresa de un periodista, el lunes pasado, afirmó que se trata de una posibilidad que “podría ocurrir”. Los analistas especializados en el tema, sin embargo, han advertido sobre otras aristas que conviene tener en cuenta.

La más importante es la relativa a cómo podrían multiplicarse las investigaciones en contra de actores de la vida pública nacional, especialmente políticos, a partir de informes producidos por las áreas de inteligencia del gobierno de Trump.

Y es que si en algo son especialistas nuestros vecinos del norte es en la aplicación extraterritorial de sus leyes y, desde los trágicos sucesos de 2001, cuando fueron derribadas las Torres Gemelas de Nueva York, una asignatura en la cual esta idea aplica es el terrorismo.

En el caso específico de la caracterización como organizaciones terroristas extranjeras de los cárteles mexicanos, ello implica extender el radio de investigaciones hacia las personas -físicas y morales- que sostienen relaciones con las bandas criminales pues, bajo esta nueva concepción, se trataría de agentes que colaboran con organizaciones terroristas.

En este sentido es importante recordar que en en el último sexenio han crecido los señalamientos relativos a la connivencia de múltiples figuras de la auto denominada “cuarta transformación” con grupos criminales -particularmente los que operan en el occidente del país-, incluso con el propósito de garantizar resultados electorales.

Las investigaciones que ahora pueden emprender los fiscales estadounidenses podrían traducirse así en una oleada de filtraciones y/o acusaciones concretas en cortes estadounidenses, contra figuras públicas mexicanas, lo cual marcaría el inicio de una espiral de desprestigio para la clase política gobernante.

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Cabría esperar, ante esta posibilidad, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no espere a que esto ocurra para asegurarse de “limpiar la casa”, es decir, para ordenar a las agencias gubernamentales mexicanas la investigación de todo nexo sospechoso entre políticos mexicanos -del partido que sean- y grupos criminales.

No valdrá aquí el plantarse en la posición de negarlo todo y utilizar los posibles señalamientos solamente como combustible para inflamar el nacionalismo y/o reforzar el “cierre de filas” en torno al Gobierno Federal. Porque desde ahora puede adelantarse que, de presentarse los señalamientos, prevalecerá aquello de que “si el río suena...”.