Coahuila: modelo nacional de justicia abierta

La justicia abierta es un pilar en la construcción de un Estado democrático de derecho, al tener como objetivo principal que las instituciones de justicia sean más abiertas y accesibles para todas las personas, garantizando la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

Con el objetivo de medir el nivel de apertura de las instituciones del ecosistema de justicia en México, el pasado jueves 13 de julio, se llevó a cabo el lanzamiento de la primera edición de la Métrica de Justicia Abierta (MJA) 2023, presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), World Justice Project (WJP) y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara.

La MJA analizó 233 sujetos obligados encargados de la procuración, administración e impartición de justicia, así como de la protección del acceso a la justicia y de los derechos humanos en los órdenes estatal y federal a partir de cuatro dimensiones: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, y desde dos perspectivas, la institucional y la ciudadana.

A la par de la MJA se llevó a cabo un estudio a profundidad, el Módulo de Apertura Jurisdiccional (MAJ), exclusivamente sobre órganos jurisdiccionales, que evaluó: transparencia jurisdiccional, apertura del proceso de justicia, deliberación y vinculación con la sociedad.

El Poder Judicial del Estado de Coahuila obtuvo el primer lugar de las instituciones evaluadas a nivel nacional en ambas mediciones −MJA y MAJ−, por sus buenas prácticas en materia de justicia abierta.

En materia de transparencia judicial, existen determinadas obligaciones que establece la ley de la materia para los órganos jurisdiccionales, como publicar sus sentencias, sesiones públicas, contar con una página oficial, publicar la información de transparencia, entre otras, que el Poder Judicial de Coahuila ha cumplido a cabalidad.

No obstante, la Métrica de Justicia Abierta exige algo más que no prevé la ley: buenas prácticas de justicia abierta.

En ese sentido, el Poder Judicial de Coahuila, a través del Tribunal Constitucional local (TCL), se ha destacado por las buenas prácticas que ha asumido desde la justicia constitucional: publicación de expedientes abiertos, difusión de votos particulares, convocatorias de amicus curiae, audiencias públicas, difusión de proyectos de sentencias, participación social de las víctimas, diálogo con expertos en observatorios para analizar y discutir las sentencias, entre otras, que en su conjunto constituyen las diferentes variables que lo llevaron a posicionarse en el primer lugar nacional en la Métrica de Justicia Abierta.

En este punto, también es de resaltar el papel de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) en la construcción de un mejor modelo de justicia abierta. En 2021, la AIDH conformó a un grupo de personas expertas en el sistema de justicia y en el paradigma de gobierno abierto, para avanzar en la fundamentación conceptual de la justicia abierta, así como para precisar y delimitar las variables relevantes para su medición.

Se creó entonces el documento “La Justicia Abierta, un concepto a medir”, el cual establece las categorías propias del sistema de justicia para identificar, calificar y evaluar en forma objetiva las buenas prácticas de apertura judicial. Las categorías a medir que plantea el citado informe son: a) el expediente abierto, b) la sentencia abierta, c) la justicia digital e inteligente, d) la participación social, e) los servicios abiertos de justicia, f) la administración abierta de la justicia, g) la disciplina judicial abierta, h) la anticorrupción judicial abierta, i) la carrera judicial abierta, y j) la estadística judicial abierta.

Dicho informe constituyó, por un lado, el punto de partida que adoptó el TCL para la implementación de esas buenas prácticas de justicia abierta, que ahora lo posicionan en primer lugar; y por el otro fue la metodología utilizada para la MJA, lo que se reconoce expresamente por WJP en su informe.

Una de las innovaciones del TCL, que ni la Suprema Corte de la Nación (SCNJ) ha desarrollado, es la participación del amicus curiae, implementada bajo la instrucción del magistrado Luis Efrén Ríos Vega, que ha traído resultados bastante satisfactorios en materia de justicia abierta: se le dio voz a las víctimas, mismas que impulsaron que dicha figura fuera reconocida como derecho constitucional; comparecieron actores de la sociedad civil, academia y expertos de Naciones Unidas para exponer su opinión técnica, social, cultural, científica o interdisciplinar para dilucidar las cuestiones constitucionales.

Incluso la AIDH recibió el reconocimiento al mejor equipo litigante del “Premio Sentencias 2021. Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o sujetas de Protección Internacional”, que otorga la SCJN en conjunto con Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales, por su participación en calidad de amicus curiae en la argumentación de la sentencia emitida por el TCL, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad Local 6/2020, sobre el derecho al agua de las personas migrantes y sus defensores.

En suma, tanto el Poder Judicial del Estado de Coahuila como la Academia Interamericana de Derechos Humanos son instituciones que con su esfuerzo y compromiso convierten a Coahuila en un modelo a seguir a nivel nacional en materia de justicia abierta.

La autora es investigadora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH