Coahuila: ¿Unión o desunión? ¡Violencia sin prevención!

EL HECHO. El jueves 1 de octubre, por la mañana, dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos de la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, ingresaron al plantel y agredieron a docentes y estudiantes con machetes y explosivos caseros.

La subdirectora, Edith Nevárez González, falleció. Dos docentes, Ricardo Quintana y Gerardo Villarreal, resultaron lesionados; Quintana continúa en estado delicado. Por su parte, la alumna Romina, de 17 años, quien resultó lesionada, fue dada de alta, en tanto que Alexis, estudiante de primer grado, se encuentra grave tras perder una mano.

LA IRONÍA. En el ejido La Unión ocurrió un acto de violencia brutal que puso de manifiesto la desunión entre las dimensiones preventiva y punitiva del modelo estatal de seguridad pública.

Ambas deberían caminar juntas. Sin embargo, mientras el modelo privilegia la contención policial del crimen organizado y responde con eficacia a su asedio constante, desatiende condiciones sociales y comunitarias que generan daños cada vez mayores.

Contiene el retorno del crimen organizado, pero no reduce los riesgos asociados al consumo de drogas –en particular, anfetaminas y cristal–, a los anexos clandestinos ni a la violencia familiar y entre vecinos en comunidades populares y rurales. Además, la protección llega de manera desigual a estos sectores, cuyas posibilidades de ser escuchados y recibir ayuda antes, durante o después de una crisis son menores.

Así, bajan las estadísticas de ciertos delitos y mejora la percepción de seguridad, mientras otros daños cotidianos permanecen ocultos hasta estallar de manera inimaginable. Lo ocurrido en la secundaria del ejido La Unión es un doloroso recordatorio.

Por eso, la tragedia deja una pregunta sin respuesta: ¿qué posibilidades tenían las familias, la escuela y los servicios públicos de identificar los riesgos y obtener ayuda antes de la agresión?

ESFUERZOS EXISTENTES. Sería injusto afirmar que el gobierno estatal carece de programas preventivos. En 2026, la Fiscalía, el Poder Judicial y las secretarías de Salud y Educación suscribieron un acuerdo para poner en marcha el programa Impulsores de Paz, orientado a la mediación de conflictos escolares. Ese mismo año, el DIF, las dependencias de Salud, Educación, Seguridad Pública, Cultura y Deporte, así como la Fiscalía y el Icojuve, lanzaron la estrategia Vive Libre Sin Drogas.

La Fiscalía también impulsa, de manera interinstitucional, programas como Constructores de Paz en entornos escolares; y Aplícate, dirigido a reducir la reincidencia y los factores de riesgo vinculados al consumo de sustancias.

Por su parte, Inspira Coahuila colabora con el DIF, la Fiscalía, las secretarías de Salud y Educación y el Icojuve en acciones para prevenir la violencia y fortalecer la salud mental, que pueden contribuir a la prevención social del delito.

EL PROBLEMA. La política preventiva estatal funciona con la lógica del escopetazo: lanza los programas citados en múltiples direcciones, con la expectativa de que alguno alcance el objetivo por un mero cálculo de probabilidades. El resultado queda demasiado sujeto al azar.

Cierto. Existen vínculos formales entre algunos programas e instituciones. Sin embargo, no bastan para conformar una política pública integral, con resultados medibles y atención prioritaria a las zonas de mayor riesgo.

El problema comienza con la falta de una identificación conjunta de los riesgos y de los territorios donde urge intervenir. Continúa con la ausencia de una acción coordinada que defina responsables, presupuesto, calendario y cobertura para cada zona. Se agrava cuando la atención carece de continuidad.

A ello se suma la falta de indicadores compartidos para medir los tiempos de atención, la continuidad de los tratamientos, la evolución de los riesgos y el impacto. Sin esa información, tampoco hay una rendición pública de cuentas que permita conocer los resultados periódicos por territorio y evaluar qué funciona.

LA PROPUESTA. Sin una política de prevención que reúna estas características, el modelo estatal de seguridad pública sigue siendo débil, por más reconocimiento nacional y local que reciba.

A Manolo Jiménez le restan tres años como gobernador para construir una política de prevención integral, focalizada y medible, capaz de nutrir y fortalecer el modelo estatal de seguridad.

Esa decisión daría una nueva dimensión a su aportación a Coahuila y al país.