Crisis migratoria en Ciudad Juárez: La lucrativa empresa criminal detrás del caos

Hace un año Ciudad Juárez se había convertido en el centro neurálgico de la crisis migratoria, cuyo éxodo masivo comenzó una secuencia, imparable hasta hoy, en el otoño de 2018. La diáspora llegó a una concentración inédita durante la primavera, a un punto en el que fue imposible para las autoridades obtener siquiera el registro fehaciente tras rebasarse la cifra de 30 mil. Los migrantes abandonaron albergues oficiales y campamentos levantados por ellos mismos. Salieron a las calles en busca de ayuda, comida, ropa y trabajo temporal, mientras aguardaban cruzar la frontera en tropel o ser adheridos a un listado institucional que les permitiera arribar a centros de concentración al otro lado de la frontera.

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Más allá de las causas que animan los altos índices de pobreza y violencia en los países expulsores −estrechamente relacionadas con la política exterior de los Estados Unidos y las acciones del poderoso lobby energético−, las caravanas fueron alimentándose por tres factores perfectamente medibles: la conversión del fenómeno como tema principal en el debate de la política interna a partir de la campaña de Donald Trump, la incompetencia de México para reaccionar ante ello, y las fallas de los gobiernos de ambos países para construir una comunicación que cerrara el paso a la información falsa que terminaría por dominar el ánimo de los migrantes.

Las personas en tránsito han alimentado desde siempre a la industria criminal, no sólo en la frontera norte, sino desde los linderos con Centroamérica y a través de las rutas que atraviesan el país. Es un sistema compuesto por grupos delictivos, fuerzas de seguridad pública y burócratas de los tres niveles de gobierno. Hasta ahí, no hay novedad. Pero el caso de Ciudad Juárez ofreció datos de cuán lucrativa es la empresa criminal. En los meses de máxima concentración migrante, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) sistematizó información proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y el Consulado. Así estimó que durante 2022 y 2023 la media mensual de ganancias por el tráfico y extorsión de personas alcanzó los 100 millones de dólares, tan sólo en esa frontera.

“Es un negocio mucho más redituable que el narcotráfico”, me dijo Omar Reyes, uno de los analistas de Ficosec. Los migrantes se constituyeron entonces en una fuente principal de financiamiento del crimen organizado en la región. No sólo eso. La red delictiva se volvió más sofisticada, se armó mejor y magnificó su poder corruptivo.

En Washington y Ciudad de México, el tema les tiene sin cuidado. En los hechos, el discurso institucional va por un lado (combate a las redes criminales, defensa de los derechos humanos, negociaciones binacionales) y la realidad por otro, el de la creciente violencia y la inexorable descomposición de los agentes e instituciones del Estado. “Las políticas migratorias tienen este elemento que lo agrava. Y si Estados Unidos quiere proteger su salud y e insistir con el tema del crimen organizado, aquí tiene un proceso que genera sinergia”, me comentó a su vez Oscar Ibáñez, el representante del Gobierno de Chihuahua en la ciudad.

La crónica diaria que da cuenta del fenómeno migratorio, regularmente se concentra en el drama, y bajo ese matiz se recogen declaraciones no sólo de congresistas y presidentes de uno y otro país, sino de los propios organismos ciudadanos. La corrupción desde luego forma parte integral del drama, y ante ello no existe posición institucional creíble. El sábado 30 de diciembre un grupo de 31 migrantes fueron llevados a la fuerza por un grupo de sujetos armados que interceptaron el camión en el que viajaban, cerca de la frontera de Tamaulipas. La noticia fue dada a conocer de manera oficial dos días después. En síntesis, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la entidad informó que se los llevaron en cinco camionetas, las mismas en la que se conducían los criminales.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia del martes que desde conocido el secuestro, las autoridades federales se han avocado a trabajar en su búsqueda. El desplazamiento de migrantes en Tamaulipas es permanentemente vigilado por el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y los cuerpos de seguridad regionales. Es lo que se dice en el discurso de todos los días. La práctica sugiere entonces que los 100 millones de dólares mensuales que genera el tráfico y la extorsión de quienes atraviesan México para llegar a Estados Unidos tan sólo en Ciudad Juárez, genera una derrama suficiente para sostener el discurso de la simulación.

En 2017, el año previo a la era de las caravanas, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que el flujo de indocumentados que atravesó México fue de 13 millones. Desde entonces, la cifra no ha hecho sino aumentar en forma desmedida. Basta un cálculo matemático para comprenderlo todo.