¿De qué me perdí...? (I)

Hice un receso de tres semanas en nuestra conversación editorial para reactivar las cansadas neuronas que aún sobreviven de los 86 mil millones que solía tener. Durante ese tiempo ocurrieron tres sucesos que, a mi juicio, pueden definir el futuro inmediato de Saltillo y Coahuila.

1. Rocky. Rocky, “un perro Gran Pirineo de 14 años, fue arrastrado por una camioneta en Villas de San Miguel el 18 de julio de 2026, en Saltillo. Las imágenes fueron grabadas por vecinos y se viralizaron. El perro quedó gravemente lesionado y murió el 22 de julio. Liliana ‘N’, señalada como responsable, fue detenida y vinculada a proceso con prisión preventiva. La Fiscalía informó que, debido a la muerte del animal, la pena potencial podría llegar hasta ocho años”.

Rocky se convirtió en una víctima simbólica porque representó al vulnerable absoluto, sometido a una violencia que –aparentemente– no podía comprender ni evitar. El video documentó el hecho, movilizó a ciudadanos y organizaciones –incluidos algunos influencers foráneos oportunistas– y transformó una denuncia privada en un juicio social público que exigió respuestas a las autoridades, más allá de las posibles influencias políticas derivadas del estatus social de Liliana “N”.

La presión social, abrazada a un espíritu de linchamiento moral, fue mayúscula y colocó a la Fiscalía bajo una enorme presión pública. El riesgo, en estos casos, consiste en que la indignación colectiva termine desplazando los principios del debido proceso y los derechos de la persona señalada como responsable: ser escuchada, contar con una defensa adecuada, ofrecer pruebas, tener un juicio imparcial y recibir una resolución justa.

Rocky, inserto en una transformación cultural de mayor alcance, amplía el círculo de empatía, compasión y consideración moral de la sociedad en su relación con los animales e inaugura un parteaguas para Saltillo y Coahuila en materia de políticas públicas destinadas a prevenir y sancionar la crueldad animal.

2. Fracking. Antes de poner en bandeja de plata al Gobierno Federal los yacimientos de gas natural de la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, ubicada en la zona norte y carbonífera del estado –Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Nava, Hidalgo, Guerrero, Morelos y Juárez–, le sugiero al senador Gabriel Elizondo leer la letra pequeña de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum:

“El uso del fracking (fracturación hidráulica) en México está condicionado a la existencia comprobada de agua salada profunda en el subsuelo, porque bajo ninguna circunstancia se utilizará agua dulce destinada al consumo humano, la agricultura o la ganadería”.

De ser ciertas sus palabras, el fracking enfrenta en Coahuila un obstáculo mayúsculo: el estado padece un estrés hídrico estructural. De manera puntual, habrá que demostrar que en esa cuenca existe suficiente agua salada para utilizarla, junto con arena y aditivos químicos, a alta presión, en la extracción de gas shale.

Su explotación llegaría a una región que ha experimentado, a lo largo de su historia, conflictos vinculados con el carbón, el agua, la contaminación, la seguridad laboral, los pasivos ambientales y la desigualdad en la distribución de los beneficios.

Mi recomendación para el senador Elizondo es sencilla: deje de lado, por ahora, su delirio por ser gobernador de Coahuila y póngase las pilas para estudiar, informarse y aprender de los expertos en la extracción de gas shale. Esto le permitirá, idealmente, privilegiar el bien común, presente y futuro, de los coahuilenses.

Y le adelanto: ese bien común no reside en el fracking, a pesar de los intereses económicos y políticos estatales que lo han impulsado durante años y de la pretensión, desesperada, de Sheinbaum por alcanzar la “soberanía energética” del país.

Antes de entregar la llave del territorio, habría que responder preguntas elementales: ¿existe el agua salada necesaria?, ¿hay suficiente gas que pueda recuperarse y extraerse con seguridad?, ¿puede hacerse a un costo competitivo?, ¿habrá la inversión requerida para desarrollar el proyecto?, ¿y quién asumirá el costo ambiental si algo sale mal?

Hasta ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta definitiva.

Continuará