Degradación institucional, combatirla es un reto monumental

La corrupción, en sus múltiples modalidades, constituye uno de los fenómenos que más agravia a la sociedad mexicana. Pero aún más que la corrupción resulta agraviante la existencia de redes de complicidad que, desde dentro de las instituciones públicas, hacen posible que los actos de corrupción se cometan con absoluta impunidad.

Y esto es así porque, cuando los servidores públicos se convierten en parte del problema, eso implica que el fenómeno de la corrupción se ha convertido en uno que resultará mucho más complejo de resolver. Porque si quienes protestaron “cumplir y hacer cumplir” las leyes se dedican a violarlas, entonces los ciudadanos nos encontramos en total estado de indefensión.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Nuevo León: un ejemplo de perversidad

Eso es justamente lo que ocurrió en el caso que involucró al Director General de esta casa editora, el fin de semana pasado, cuando fue detenido y privado de su libertad a partir de la “fabricación” de una causa penal que no debió nunca ser considerada siquiera por el Ministerio Público de Nuevo León.

Se ha expuesto ya en múltiples piezas periodísticas: la acusación formulada en el caso era una completa invención, pues la “parte acusadora” afirmó haber entregado 700 mil pesos como “anticipo” de un presunto acuerdo de compraventa de un terreno, en una fecha en la cual el Director de VANGUARDIA se encontraba en el extranjero.

Pero la construcción de la falsa acusación no para ahí. Además de eso, resulta que quien acusó es una persona a quien nadie ha visto hasta hoy; un individuo que jamás se presentó ante el Ministerio Público y cuyos “asesores legales” ni siquiera consideraron necesario –porque nadie se los iba a exigir– adjuntar una identificación oficial a sus promociones en el expediente.

La trama resulta imposible de comprender porque atenta contra las reglas de la lógica. Pero sólo es así porque la analizamos a la luz del “deber ser”, es decir, comparamos los hechos que hemos conocido con el comportamiento que, quienes ocupan responsabilidades públicas, “deberían exhibir”.

El problema es que la actuación de los servidores públicos se ubica exactamente de espaldas a dicha lógica. Los hechos narrados son posibles porque, quienes deberían defender la legalidad y proteger las libertades ciudadanas, han decidido traicionar el mandato que recibieron.

Así, los abogados que forman parte del despacho jurídico que “asesora” a la presunta víctima tienen relaciones de sociedad, en empresas privadas, con funcionarios de la Fiscalía de Nuevo León y ello “explicaría” su comportamiento, pues los ubica en el supuesto de integrar una red de intereses que, desde la Fiscalía, opera para hacer del sistema de justicia un instrumento al servicio de sus intereses personales.

De ese tamaño es la degradación institucional que hemos atestiguado en este episodio. Y por ello también de ese tamaño es el reto que tenemos frente a nosotros para transformar la realidad actual en una en la cual sean los ideales democráticos los que prevalezcan.