Del cielo al suelo: el estancamiento de los derechos laborales en México
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos data de 1917. Ha estado vigente por más de 107 años, y en su momento destacó por su alto carácter social, especialmente en el ámbito laboral individual y colectivo.
El artículo 123 de nuestra carta magna señala una serie de reglas y reconoce múltiples derechos en favor de la clase trabajadora. Por ejemplo, podemos encontrar la duración máxima de las jornadas de trabajo, los días de descanso, la protección especializada para menores de 18 años y mujeres, garantías de protección para el salario, derechos sindicales, la huelga, por mencionar algunos.
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Por supuesto que ser la norma constitucional referencia en el mundo es y será algo muy importante. Sin embargo, que te recuerden lo bien que haces las cosas a veces impide que puedas hacerlo mejor. Eso le pasó al derecho laboral mexicano, se quedó estancado a pesar de la evolución tecnológica y social.
Aunque a lo largo del último siglo se han realizado reformas importantes, las condiciones de trabajo mexicanas ya no son esa punta de lanza que antes fueron. Incluso podemos hablar de áreas con un importante rezago respecto a otros países, como los europeos, pero también respecto de los países africanos, asiáticos y latinoamericanos.
En esta columna me gustaría señalar algunos ejemplos solamente. El primero de ellos es uno muy discutido: el salario digno. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo reconoce en su artículo séptimo. La forma de garantizarlo en México ha sido a partir del salario mínimo previsto en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. No obstante, la experiencia histórica nos ha mostrado que este objetivo no se ha alcanzado.
Desde 1992 hasta 2018, el salario mínimo creció en promedio un 8 por ciento anual, siendo el punto más alto una remuneración de 2 mil 650 pesos mensuales. Esta cantidad, que ahora nos parece irrisoria, colocó a México entre los peores tres países de Latinoamérica en este aspecto, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A partir de 2019 y hasta la fecha, el crecimiento del salario ha sido a un ritmo estable de casi el 20 por ciento, ubicándonos dentro de los mejores seis países de la región.
Aunque el crecimiento sea considerable en tiempos recientes, no se puede olvidar que las deficiencias del pasado son un lastre en la actualidad. De ahí que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estime que aún existe un déficit del 300 por ciento en el salario para garantizar a una familia el acceso a todos los servicios básicos necesarios para vivir en condiciones de dignidad.
Un segundo ejemplo que me gustaría resaltar también tuvo una progresión reciente. A finales del año 2022 llegó una esperada reforma: los días de vacaciones (base) se duplicaron de 6 a 12. A pesar de esto, una investigación de Lotte Van Rijswijk señala que México sigue siendo de los peores países en este aspecto. Solamente Micronesia y Nauru tienen menos vacaciones pagadas por año (Estados Unidos también está en esa lista, porque legalmente no existe un derecho a vacaciones; se rige más por un tema de costumbre).
Otros aspectos relevantes son aquellos que están en discusión parlamentaria: la jornada semanal de 40 horas y duplicar el aguinaldo. El primero de estos temas ha sido ampliamente discutido en el Congreso de la Unión desde que se presentó la iniciativa en 2022. Pese a ello, en el primer trimestre del año en curso seguimos sin ver aprobada la propuesta. Actualmente está permitido laborar hasta 48 horas, misma que fue establecida en el texto original de la constitución.
Con la reducción de la jornada no se busca trabajar menos horas por día, sino menos días. Con un ritmo de 8 horas, bastarían cinco jornadas para poder dedicar otras dos al ocio, descanso y recreación. Esto es particularmente importante puesto que, según la OCDE, nuestro país trabaja demasiado; un 60 por ciento más que en los países nórdicos o un 30 por ciento más que en Japón, donde incluso se reconoce el karoshi (muerte por exceso de trabajo).
En clave aguinaldo, por ley, a la clase trabajadora le corresponden, por lo menos,15 días de salario por cada año natural trabajado. La actual propuesta busca duplicarlo y acercarse a lo que se paga en otros países como Alemania, Austria, Argentina, Ecuador, Colombia, Italia, Uruguay e incluso en Guatemala donde se pagan primas de 30 días o más.
Con estos cuatro ejemplos es mucho más visible el problema: en México se paga poco y se trabaja mucho. Y aunque en los últimos años se está impulsando la agenda laboral, no debemos perder de vista que la generación de estos cambios tan grandes, en poco tiempo, generará rechazo por los empleadores. Pequeñas y medianas empresas no cuentan con planes de viabilidad que afronten salarios más altos a cambio de jornadas más cortas. De nuevo, las deficiencias del pasado son un lastre para la actualidad.
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Al inicio de nuestro constitucionalismo estuvimos en el cielo de las garantías sociales, fuimos referencia. La falta de mejoras progresivas en temas específicos durante más de 100 años nos ha llevado al suelo de cualquier comparativa mundial. Actualmente estamos en un fuego cruzado de acuerdos políticos, fiscales y económicos en torno a “quién ofrece una mejor alternativa”. Los derechos laborales son derechos humanos, por lo que no deben ser instrumentalizados; las estrategias estatales en la materia deben ser integrales, planificadas, pero, sobre todo, apartidistas. El verdadero desarrollo de un país proviene de una clase trabajadora fuerte, protegida y capaz de desarrollar sus planes de vida en condiciones de dignidad.
El autor es Auxiliar de Investigación del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH