Denuncias penales contra servidores públicos: ¿por qué se multiplican?

El compromiso más importante que realiza un servidor público al asumir el cargo es el de cumplir y hacer cumplir la ley. No se trata de un compromiso trivial sino de la más importante encomienda que existe en el marco de las sociedades democráticas.

Y esto es así, porque la norma jurídica define los límites a las conductas individuales de todas las personas. El respeto a dichos límites, y el castigo para quienes los traspasen, es la única garantía que existe de convivencia social pacífica, ordenada y útil para todos.

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Justo por ello, el que los servidores públicos sean sorprendidos en falta y, en consecuencia, se les denuncie e inicien procedimientos en su contra, representa una llamada de atención relevante, pues se trata de un indicador de deterioro de los cimientos mismos del arreglo social.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al incremento consistente que ha experimentado el número de denuncias penales enderezadas en contra de servidores públicos del orden federal, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los números absolutos podrían parecer pequeños si se les compara con la cifra de servidores que pueblan la nómina del Gobierno Federal, pero lo preocupante es la tendencia: de acuerdo con el SESNSP en 2019 se abrieron 70 indagatorias contra servidores públicos y, aunque en 2020 el número se redujo a 65, en 2021 creció a 89; en 2022 a 154 y, finalmente, el año pasado se registraron 176.

Las conductas más frecuentemente denunciadas fueron las relacionadas con actos de corrupción como enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho, aunque también se listas acciones contra la impartición de justicia, la seguridad y casos de abuso de las fuerzas policiacas del ámbito federal.

Es preciso decir, desde luego, que la denuncia enderezada en contra de cualquier persona no implica su culpabilidad en automático, pues las autoridades de procuración e impartición de justicia deben aún investigar los hechos y, en su caso, emitir una sentencia.

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Sin embargo, el hecho de que el número de las denuncias presentadas crezca de forma consistente representa un indicio en el sentido de que, a juicio de quienes interactúan con los servidores públicos, se está faltando al mandato de cumplir y hacer cumplir la ley.

Faltará ver, por supuesto, el destino final de los procedimientos iniciados y contrastarlo contra el número de sentencias condenatorias obtenidas por las fiscalías correspondientes, pero la tendencia observada no da, por lo pronto, para documentar el optimismo.

Menos aún cuando, como ocurre con casi cualquier conducta delictiva en México, es dable asumir que existe una “cifra negra”, es decir, de presuntos delitos que no son denunciados y que, por regla general, supera muy ampliamente el volumen de los que sí se hacen del conocimiento de la autoridad.