Desapariciones Forzadas: Hasta que la dignidad se haga costumbre

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2025, del Inegi, nos genera sentimientos encontrados. Por un lado, tenemos un país en el que se multiplican los focos rojos: Uruapan, Villahermosa, Fresnillo, Tuxtla, Tapachula, Sonora y Sinaloa. Por otro, vemos la consolidación de centros urbanos seguros, como Saltillo y Piedras Negras. A decir de la encuesta, de todo el país, es en San Pedro Garza García donde los ciudadanos se sienten más seguros, seguido de Piedras Negras, la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y Saltillo.

Debe alegrarnos que, de acuerdo con la percepción de los ciudadanos, Piedras Negras sea la segunda ciudad más segura de México y Saltillo sea la cuarta, debe ser motivo de celebración. Algo se habrá hecho bien para que sólo el 18.7 por ciento de la población se sienta insegura en Piedras Negras y sólo el 23 por ciento de los saltillenses perciban inseguridad. Tal percepción no va aparejada de justicia efectiva y combate a la impunidad. En este frente, los coahuilenses siguen reprobando a los responsables de procurar y administrar la justicia. El sistema no satisface a los ciudadanos.

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Quedémonos con las buenas noticias, creamos en la encuesta, no tenemos por qué dudar de ella. Lo que sí nos corresponde cuestionar es cómo se llegó a estos números. Si son o no producto de un sistema de seguridad pública y justicia penal apegado a las leyes y respetuoso de los derechos humanos. Por más que lo queramos olvidar, por más que lo queramos esconder, por más que lo queramos ignorar, esta seguridad tuvo un costo muy alto, no en términos económicos, sino humanos.

En el curso de la misma semana en la que el Inegi nos reveló estas cifras alegres, del otro lado del Atlántico, en la ciudad suiza de Ginebra, se llevó a cabo el I Congreso Mundial sobre las Desapariciones Forzadas. Ahí se abordó el tema “Diálogo sobre el papel de la comunidad internacional ante situaciones de desaparición generalizada. El caso México”. Una gran mujer, Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido un 21 de febrero del 2007 en Coahuila, llevó hasta allá su duro mensaje. Diana es una luchadora incansable de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México.

FUNDEC-FUNDEM han luchado durante más de quince años. Los gobiernos no responden, responden poco y responden mal. Evaden la realidad, se esconden en el paso del tiempo y en la vorágine noticiosa. Pero para los familiares de los desaparecidos, la ineptitud e ignorancia gubernamental no hacen mella. Como dicen ellos, seguirán en la lucha “hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta encontrarles, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

No nos engañemos, la sensación de seguridad que hoy perciben los coahuilenses tuvo y tiene un costo humano muy alto. Pagaron por ella muchos justos por algunos pecadores. La ineptitud de la fuerza bruta gubernamental, que tuvo que repeler a una bestia que estaba a punto de devorarlo, hizo mucho daño. Lo mínimo que debe hacer el gobierno del Coahuila es reconocer esos errores del pasado, ofrecer una disculpa, investigar y transparentar la verdad histórica, y llamar a cuentas a los responsables. Porque nunca tendremos la paz anhelada si primero no se tiene justicia. No importa cuán fríos nos hayamos vuelto, no importa si a la mayoría ya no le importa, si no se hace justicia, la sangre y el legado de muchas personas de bien que ya no están entre nosotros, volverá, siempre volverá.

Así lo dijo Diana Iris: “En México tenemos una trayectoria de lucha de búsqueda de exigir el derecho a la Justicia y a la Verdad desde los años sesenta, pero en los últimos 17 años que se ha intensificado la desaparición de personas debido a la guerra contra el narcotráfico, llegando a ser una desaparición generalizada y sistemática. Tenemos más de 120 mil personas desaparecidas, teniendo documentado que son forzadas, por parte de grupos estatales y no estatales como mecanismo para garantizar sus intereses”.

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“El ejemplo más claro es el estado de Coahuila en México. Tenemos documentada la dilación, complicidad y administración del problema en las carpetas de investigación, averiguaciones previas estatales y federales. Tenemos una serie de leyes que no se implementan. Los casos no están judicializados a falta de investigaciones; es una verdadera simulación y se presume como una buena práctica en el país. Así funcionan las instituciones y los grupos políticos que se protegen entre sí y se premian con cargos públicos en los diferentes poderes del estado”.

Dos realidades, dos discursos, el del poder, engañoso, disimulado. El de FUNDEM-FUNDEC con la verdad que grita su dolor.

@chuyramirezr