Desde el norte: la contribución académica a la defensa de los derechos político-electorales

Cada 10 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que invita no sólo a recordar la proclamación de la Declaración Universal en 1948, sino a reflexionar críticamente sobre el estado real de los derechos humanos en nuestra sociedad. En México, esta conmemoración adquiere un significado especial. La persistencia de la violencia estructural, desigualdades históricas y una crisis de acceso a la justicia obligan a mirar más allá de los marcos normativos para evaluar qué tan efectivos son nuestros mecanismos de protección de derechos humanos.

Sin embargo, entre ese amplio universo de derechos, suele olvidarse que los derechos político-electorales también son derechos humanos. Su ejercicio libre y auténtico permite que el resto de los derechos humanos puedan existir: sin participación política, sin representación, sin elecciones confiables y sin instituciones democráticas fuertes, no hay posibilidad de construir sociedades más justas. De ahí que la conmemoración del 10 de diciembre sea un momento idóneo para recordar que la democracia no se agota en las urnas; es, sobre todo, una garantía de dignidad humana.

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La comunidad internacional ha documentado con preocupación la situación de derechos humanos en México. Informes de organismos como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional coinciden en señalar violaciones graves y persistentes: desapariciones forzadas, violencia de género, agresiones contra periodistas, impunidad estructural y participación irregular de autoridades en procesos prohibidos.

En este contexto, los derechos político-electorales –el derecho a votar, ser votado, participar en asuntos públicos, recibir información veraz, contender en condiciones de igualdad y acceder a una justicia electoral efectiva– también se ven seriamente afectados. La desigualdad en las contiendas, la intervención indebida de servidores públicos, el uso de programas sociales, la falta de sanciones oportunas, el desequilibrio en el acceso a medios de comunicación, la desinformación digital, las barreras para que la ciudadanía impugne irregularidades y las distorsiones en los modelos de representación son, en los hechos, violaciones a derechos humanos.

No se trata sólo de fallas técnicas del sistema electoral: cada una de estas problemáticas vulnera la participación democrática de las personas, limita su derecho a decidir y degrada la confianza pública en las instituciones. En un país donde otras violaciones graves siguen sin resolverse, defender los derechos político-electorales se vuelve una tarea urgente para evitar retrocesos democráticos.

En medio de este panorama, la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) ha desempeñado un papel fundamental al colocar los derechos políticos en el centro del debate público. Su trabajo no se limita a observar elecciones o comentar coyunturas; se trata de una labor académica rigurosa, orientada a fortalecer instituciones, elevar estándares y aportar evidencia para la toma de decisiones.

Un ejemplo de ello es el informe “Catorce problemáticas del sistema electoral mexicano: la reforma que se avecina”, un documento exhaustivo que identifica las tensiones estructurales del sistema electoral y las aborda desde la perspectiva de derechos humanos. El informe revisa desigualdades de representación, reglas de comunicación política, estándares de paridad, impactos de la tecnología, la seguridad en las elecciones y debilidades en el régimen de fiscalización, entre muchos otros temas.

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Cada problemática es analizada con profundidad técnica, referencias internacionales, comparaciones con otros sistemas democráticos y una lectura jurídica que permite entender cómo estos fallos afectan la dignidad política de las personas. Además, el informe está diseñado como un insumo para la discusión pública: no sólo ofrece un diagnóstico, sino que propone rutas, criterios y principios para orientar una posible reforma electoral con enfoque de derechos humanos. El valor de este trabajo es doble. Primero, porque ofrece claridad conceptual y técnica en un debate frecuentemente polarizado. Y segundo, porque se produce desde el norte del país: Coahuila, lo cual descentraliza el debate público, reconoce la diversidad territorial y fortalece la construcción democrática desde todos los rincones del país.

Este 10 de diciembre, recordamos que los derechos humanos abarcan también el derecho a construir democracias sólidas, transparentes y justas. Los derechos políticos-electorales son parte de esta arquitectura esencial. Defenderlos es proteger la voz ciudadana, la igualdad política y el corazón mismo de la vida democrática.

Desde el norte del país, la AIDH reafirma que el conocimiento puede ser una herramienta poderosa para transformar instituciones. Su contribución académica permite que la reforma electoral que se avecina no sólo responda a necesidades técnicas, sino que coloque en el centro de la discusión a las personas. Porque la construcción de un sistema electoral más justo no surge de una única voz, sino del compromiso plural que nace en todas las regiones del país. Y desde ahí, desde cada espacio que apuesta por la evidencia y por los derechos humanos, la democracia se fortalece.

La autora es directora del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH