¿Devolverá algún día la Cuba comunista los miles de millones que confiscó?

Por Frances Robles, The New York Times.

Con Cuba sumida en una grave crisis económica, las personas cuyas propiedades fueron confiscadas por su gobierno comunista dicen que ha llegado el momento de resolver las espinosas reclamaciones de indemnización.

Teo A. Babún, hijo, guarda un grato recuerdo de la gran casa esquinera azul y blanca de Santiago de Cuba donde su abuela, una matriarca adinerada de la Cuba prerrevolucionaria, organizaba reuniones familiares para sus ocho hijos y 21 nietos.

Los Babún eran industriales que, como otros 200.000 cubanos acaudalados, huyeron de la isla tras la llegada de Fidel Castro al poder. Los Babún dejaron atrás un ferrocarril, un aserradero, un astillero y una fábrica de cemento, así como la gran finca llamada “La Mesquita”.

Durante un tiempo, Raúl Castro, hermano de Fidel y expresidente, vivió allí. Casi siete décadas después, el gobierno cubano la utiliza para albergar una asociación cívica árabe.

Conocida como “Casa del Árabe”, la casa, que incluye un restaurante, es una de las miles de propiedades confiscadas por el gobierno comunista a personas que salieron de Cuba, algunas solo con lo puesto, y nunca recibieron indemnización.

El sistema cubano parece estar al borde del colapso, y el gobierno de Estados Unidos está ansioso por acelerar la caída.

Mientras las dos partes negocian en secreto, ha resurgido un espinoso asunto que se remonta a décadas atrás: el valor incalculable de miles de millones de dólares en viviendas, fábricas, granjas, ingenios azucareros y otros negocios confiscados en los años posteriores a que la revolución socialista nacionalizara las empresas e instituyera políticas agrarias radicales.

“Si eres propietario de algo y alguien te lo quita sin ningún tipo de compensación ni resolución, no es justo”, dijo Babún. “Mi familia solo quiere justicia”.

Si Estados Unidos interviene en la negociación sobre el futuro de Cuba, los antiguos propietarios tienen esperanzas de que se aborde la cuestión.

Resolver las confiscaciones es complicado y llevaría años. Pero los expertos dicen que hay muchos precedentes en todo el mundo, desde Vietnam hasta Alemania y China, que ofrecen una hoja de ruta.

Durante años, el difunto padre de Babún, Teófilo padre, se dedicó a ayudar a los exiliados alzados en armas contra el gobierno de Castro, incluso en la fracasada invasión de Bahía de Cochinos.

El hijo, hoy de 78 años, dirigía una organización religiosa sin fines de lucro financiada por el gobierno estadounidense e intentó crear un registro de las propiedades arrebatadas a los cubanos, con la esperanza de que el Departamento de Estado estadounidense presionara a Cuba por esas pérdidas.

Pero la empresa resultó demasiado extensa y compleja, y su proyecto terminó con 8000 reclamaciones registradas, lo que representa una pequeña fracción de los casos potenciales. (Dijo que muchas personas parecían indecisas, temiendo que unirse a una reclamación conjunta anulara su capacidad de negociar acuerdos individuales más amplios con el gobierno cubano).

Su familia contrató a unos asesores en 2018, quienes calcularon el valor de las posesiones de la familia en ese momento en 874,2 millones de dólares, incluidos 9 millones por la casa, dijo.

Pero Babún dijo que el paso del tiempo y el agravamiento de la crisis en su país han suavizado su perspectiva.

“Hay que encontrar la solución que proteja a los actuales ocupantes, si se trata de una vivienda, y que no desplace a nadie”, dijo Babún. “Y al mismo tiempo encontrar justicia”.

Antes de 1959, Cuba estaba dirigida por un dictador, Fulgencio Batista, y era conocida como patio de recreo de las élites estadounidenses. A menudo se consideraba a los cubanos ricos como oligarcas que explotaban a los pobres.

Los hermanos Castro, que pretendían acabar con la corrupción rampante, la grave desigualdad económica y la dependencia de Estados Unidos, lideraron una guerrilla armada que derrocó a Batista.

Pocos meses después de tomar el poder, una ley agraria expropió las tierras agrícolas de más de 405 hectáreas y prohibió la propiedad extranjera de tierras. En 1960, Cuba confiscó refinerías de petróleo de propiedad estadounidense y nacionalizó grandes empresas.

Como venganza, Estados Unidos anunció un embargo comercial paralizante contra Cuba que sigue en vigor.

Una comisión del gobierno estadounidense documentó las pérdidas de empresas y ciudadanos estadounidenses, certificando casi 6000 reclamaciones por valor de 1900 millones de dólares. Con el 6 por ciento de interés que añadió la comisión, se calcula que las reclamaciones ascienden ahora a unos 9000 millones de dólares, una cantidad que Cuba difícilmente podría pagar.

Cinco de los 10 principales demandantes eran empresas azucareras estadounidenses. Entre los otros estaban Exxon, Coca-Cola, Colgate-Palmolive y Woolworth’s.

Según la legislación estadounidense, para que se levante el embargo, el gobierno cubano debe devolver las propiedades o empresas o indemnizar a los propietarios estadounidenses cuyas confiscaciones fueron certificadas por el gobierno estadounidense.

Los funcionarios estadounidenses que se reúnen con los dirigentes cubanos para mantener conversaciones secretas han dejado claro que la compensación a los estadounidenses y a las empresas estadounidenses sigue siendo una prioridad clave.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

A principios de la década de 1960, Estados Unidos y Cuba mantuvieron conversaciones durante casi un año en torno a la cuestión de lo que se consideraría una “compensación pronta y adecuada” por las confiscaciones, dijo William LeoGrande, profesor de la American University, quien escribió un libro sobre la historia de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba.

“Cuba no disponía de efectivo para pagar de inmediato y, en su lugar, ofreció bonos del Estado a largo plazo, lo que Estados Unidos dijo que no era ni rápido ni adecuado”, dijo.

Aunque el gobierno estadounidense negocia en nombre de los estadounidenses o de las empresas estadounidenses con reclamaciones certificadas, técnicamente no es así en el caso de los numerosos exiliados cubanos que abandonaron sus hogares y negocios.

Cuba los consideraba “abandonados” y se los llevó cuando el gobierno se propuso ostensiblemente redistribuir la riqueza. Pero el gobierno se quedó con muchos. Solo los cubanos que se quedaron fueron indemnizados por las propiedades que perdieron, dijo Lisandro Pérez, estudioso de Cuba en el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, quien escribió unas memorias sobre la casa de su familia en Cuba.

Nunca se ha hecho público ningún recuento oficial de las confiscaciones realizadas por el gobierno cubano. No existe un cálculo confiable de cuántas son ni de cuánto se les podría adeudar a los exiliados.

“No éramos partidarios de Batista, no éramos políticos ni estábamos cometiendo delitos: deberíamos recuperarlo”, dijo Nicolás Gutiérrez, un abogado cubano-estadounidense de Miami cuya familia perdió una fortuna estimada en 50 millones de dólares estadounidenses a principios de la década de 1960.

Sus propiedades incluían dos ingenios azucareros, 15 ranchos de ganado, un molino de arroz, una plantación de café, un banco, una compañía de seguros y una empresa de distribución de alimentos al por mayor.

Gutiérrez, secretario corporativo de la Asociación Nacional de Terratenientes Cubanos en el Exilio, también trabaja como asesor de otras familias cuyas propiedades fueron expropiadas y está involucrado en una demanda contra Expedia por reservar clientes en hoteles que el gobierno cubano construyó en propiedades confiscadas en la playa.

Expedia alega que los demandantes carecían de legitimación activa, pero el caso sigue adelante.

Gutiérrez, de 61 años, nunca ha estado en Cuba. Pero afirma que si el gobierno devuelve las propiedades de su familia, esta volverá a ponerlas en producción y ayudará a la maltrecha economía cubana.

“No todos los miembros de la familia se apresurarán a regresar. Yo sí lo haré”, dijo. “Mi opinión es que Cuba está en un agujero tan profundo que, para salir de él, va a necesitar conseguir nuevas inversiones extranjeras en serio”.

Los expertos coinciden en que sería inviable devolver las casas que se entregaron a inquilinos o se dividieron en apartamentos multifamiliares. Nadie aboga por desalojos generalizados. Pero muchas mansiones majestuosas están siendo utilizadas por diplomáticos internacionales o ministerios gubernamentales.

Una casa que la familia Gutiérrez poseía en el barrio del Vedado de La Habana está ocupada por Lloyd’s of London. Los vecinos de una calle de La Habana donde la familia tenía otra casa dijeron que las propiedades que estaban “abandonadas” no debían devolverse.

Jorge González Amores, un vecino, dijo que si abandonaron el país significaba que no les interesaba el edificio.

Los expertos han ofrecido diversas propuestas, como la creación de fondos público-privados para reconstruir la red energética de Cuba y utilizar parte de las ganancias para indemnizar a los antiguos propietarios, dijo Jason Poblete, abogado que representa a propietarios estadounidenses y cubanoestadounidenses.

Los expertos señalan a Vietnam y Alemania, que en la década de 1990 utilizaron activos congelados en Estados Unidos para pagar reclamaciones de propiedad. Pero en la Unión Soviética y China, los propietarios solo recibieron una fracción del valor de las propiedades confiscadas.

En otros países, los fondos de compensación se generaron mediante la privatización de empresas estatales.

Pero Cuba afirma que también tiene reclamaciones contra Estados Unidos.

En 1999, un tribunal cubano declaró al gobierno estadounidense responsable de las muertes y daños causados por sus “políticas agresivas” contra Cuba, incluidos la invasión de Bahía de Cochinos y el embargo comercial estadounidense. La cuenta entonces: 181 mil millones de dólares.

Carlos Fernández de Cossio, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo en una entrevista reciente con el sitio web Drop Site News que, en la década de 1960, Cuba había ofrecido un “acuerdo holístico” sobre propiedades que pertenecían a estadounidenses y a empresas estadounidenses con un pago único, pero que Estados Unidos se había negado.

Fernández de Cossio dijo que una suma global era la única solución. En ese caso, el gobierno cubano pagaría al gobierno estadounidense, que luego tendría que distribuir los pagos entre quienes perdieron propiedades.

Richard Feinberg, investigador de la Universidad Internacional de Florida, quien ha estudiado las reclamaciones de propiedad, dijo que abordar la cuestión era importante para normalizar las relaciones diplomáticas y establecer un entorno empresarial de confianza en Cuba.

El tema fue objeto de dos reuniones entre Cuba y el gobierno de Barack Obama, pero sin resolución. Feinberg mantuvo conversaciones con funcionarios cubanos como parte de su investigación y dijo que no parecían interesados.

“El gobierno cubano no parecía entenderlo”, dijo. “Me decían Richard, ¿por qué le das tanta importancia a algo que ocurrió hace 50 o 60 años?”.

“Es indicativo de lo poco que el gobierno cubano entendía de la economía y del capitalismo”, añadió. “No entendían la propiedad privada”.

Enrique Carrillo, cuya familia era propietaria de la destilería de ron Santa Cruz, al este de La Habana, dijo que estaba ansioso por que se indemnizara a las familias cubanas y por ayudar al país a reconstruirse.

“Llevamos mucho tiempo esperando este momento y que las estrellas se alineen”, dijo Carrillo. “Mi padre trabajó muy duro durante muchos años para construir la empresa, y yo no pienso pasar página. Mi familia no piensa pasar por alto la historia”.

Ed Augustin colaboró con reportería desde La Habana.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región. c. 2026 The New York Times Company.