Día Mundial de la Ciencia para el Desarrollo
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, celebrado desde 2001 cada 10 de noviembre, implica un compromiso global con el uso ético y responsable del conocimiento científico como instrumento para la construcción de sociedades sostenibles. Proclamado a raíz de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia de Budapest (1999), este día busca renovar el pacto internacional en favor de una ciencia orientada al bien común, enfatizando su contribución a la erradicación de la pobreza y la resolución de desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad.
En el núcleo de la relación ciencia desarrollo, se encuentra la fiscalización superior, por su capacidad y potencial para medir, conocer y recomendar mejoras para el uso positivo de los recursos públicos destinados a la investigación, la tecnología y la ciencia. Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), como la ASF, son actores indispensables para la rendición de cuentas horizontal y vertical. Su labor no se limita a la detección de irregularidades financieras; incorpora auditorías de desempeño que evalúan la economía, eficiencia y eficacia de los programas de inversión en ciencia y tecnología (CyT).
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La relación entre ciencia y fiscalización superior es notable en varios sentidos: el primero porque genera evidencia empírica para la toma de decisiones; el segundo en función de que garantiza que esa evidencia se traduzca en políticas verificables y equitativas. En democracias consolidadas, las EFS aplicamos metodologías estandarizadas, que generan utilidad pública en la entrega de resultados.
En América Latina, donde la inversión pública en ciencia promedia poco más del 0.6 por ciento del PIB regional, la fiscalización superior adquiere un valor funcional para lograr que la inversión sea eficaz. De tal suerte, la región avanza en una dirección contextual en la que será necesario redoblar los esfuerzos relacionados con la inversión en CyT, así como su consecuente fiscalización.
La fortaleza democrática de los gobiernos depende de su claridad en la rendición de cuentas sobre el valor social de la inversión en ciencia y tecnología. Cuando los gobiernos destinan recursos a medicamentos, energías renovables o inteligencia artificial, sin mecanismos adecuados de información pública, se corre el riesgo de erosionar su legitimidad y confianza. Es decir, hay una correlación entre la eficiencia de los programas científicos y el desarrollo, así como de su evaluación y la percepción ciudadana.
Si el pueblo valora los resultados y se requiere de inversión para el desarrollo de proyectos de investigación, la formación de capital humano y la divulgación de los resultados, entonces dicha inversión –proveniente de la hacienda pública– está sujeta a la revisión, el análisis y la evaluación de su desempeño.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo nos recuerda que el conocimiento científico que generan los países implica la inversión pública; por tanto, su impacto depende de la calidad de sus resultados, la ausencia de burocracia, una administración austera, pero suficiente. La ASF cumple un papel relevante para el buen ejercicio de los recursos públicos y la gobernanza de las políticas públicas.
En un continente marcado por desigualdades históricas, la fiscalización superior emerge como el puente entre el laboratorio y el valor público. Solo cuando los recursos públicos –en este caso los invertidos en la ciencia– son auditados con rigor metodológico y los resultados de auditoría divulgados con transparencia absoluta, los gobiernos democráticos y sus sociedades pueden avanzar en el logro de los resultados positivos de ciencia y desarrollo.
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