Diálogo con víctimas: ¿necesario pero insuficiente?

El pasado martes se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. No hay nada que celebrar. Hay mucho por realizar. En todo el país salieron las familias a reclamar búsqueda, justicia, verdad, reparación y no repetición. Se trata, sin duda, de la demanda social más sensible en materia de derechos humanos. Es la herida más profunda de la crisis de inseguridad que tiene nuestro país desde la última década a la fecha.

La desaparición forzada de las personas es uno de los crímenes que más afectan a una sociedad, a una familia, a una persona. Nadie debe ser objeto de una desaparición. Las personas tenemos derecho a vivir en paz. El Estado, por su parte, tiene la obligación de garantizar a todas las personas el respeto a su vida digna e integridad personal.

Las situaciones de riesgo de desaparición, por tanto, son violaciones graves que el Estado debe remover con acciones adecuadas para evitar, erradicar, prevenir y sancionar la desaparición de las personas.

Hace más de una década que tuve la oportunidad de conocer esta grave problemática en mi estado natal. Iniciaba el anterior gobierno local. Familias y Gobierno se reunieron. No había diálogo, sólo reclamaciones. Había mucho por hacer. No se sabía por dónde empezar. La situación era tensa porque no había diálogo. Nadie se escuchaba.

En un momento de la reunión, recuerdo que se generó la mayor tensión. Eso dio pauta a que se tuviera que plantear un modelo de diálogo entre familias y Gobierno. Así se creó el Grupo Autónomo de Trabajo para facilitar los acuerdos, para mediar las posturas entre Gobierno y colectivos, pero sobre todo para colaborar en la sistematización de la agenda de trabajo.

Después de 10 años, me parece, que las familias y el Gobierno han construido avances importantes. No sólo leyes, políticas públicas e instituciones se han creado bajo el impulso de las familias. No ha sido suficiente. Pero siempre he pensado que el modelo de trabajo es la ruta más pertinente para implementar la política de Estado que atienda el problema de la desaparición forzada.

Coahuila, sin duda, ha generado mejores condiciones de seguridad. Las situaciones de riesgo de desaparición de personas que existían hace años por la delincuencia organizada, hoy son diferentes. En el país existen todavía problemas graves de desaparición forzada. El reciente informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU da cuenta de ello.

En Coahuila, sin embargo, las familias han venido generando acuerdos importantes con las instituciones para seguir implementando acciones que resuelvan de manera estructural los problemas de justicia e impunidad.

Con las familias y el Gobierno, se han acordado cuatro reformas importantes: la de la fiscalía de desaparecidos, la del poder judicial, la del sistema de búsqueda y la de víctimas. Sin duda, son reformas que, por el compromiso de las instituciones, deberán ser aprobadas e implementadas antes de que concluya este periodo gubernamental. El consenso con las familias es fundamental.

AIDH

Este jueves y viernes, la Academia IDH organiza un seminario con expertos, nacionales e internacionales, para que las familias y las instituciones dialoguen los retos y desafíos que tiene la agenda de trabajo.

A diez años del modelo del diálogo, se requiere pensar con las familias la política pública que deben impulsar para avanzar en la atención adecuada de la desaparición forzada.

El papel de nuestra universidad es fundamental. No sólo para facilitar el diálogo sino también para reconstruirlo a fin de precisar las principales demandas de las familias que las instituciones deben atender en forma prioritaria.

No es fácil. Para muchas familias cada día es más complicado. Pero también todos hemos aprendido que este tema no sólo es de voluntades, de acuerdos o de protestas; se requiere mucha claridad y firmeza para que las acciones de Gobierno resulten eficaces para cumplir con la finalidad de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.

Espero que durante estos dos días de diálogo entre familias e instituciones se pueda generar un debate serio. Pero sobre todo, se logre identificar la ruta que como sociedad debemos de seguir para resolver este problema estructural de justicia para las personas desaparecidas y sus familiares.

Las instituciones que participamos estaremos muy atentos a las mesas de trabajo. Nos interesa que este periodo de reflexión nos ayude a tener claridad en los pasos que siguen de la agenda de protección de los derechos humanos de las personas desaparecidas.