Drogas e intervención: otra fisura en el régimen

AMLO contra el embajador. Hay una división en la sociedad mexicana. Por un lado, el régimen y sus seguidores abrazan el concepto de soberanía como escudo de impunidad de los suyos (frente al sistema de justicia estadounidense). Y, por otro lado, quienes demandan someter a la ley no sólo a cabezas de cárteles, sino también a sus contrapartes incrustados en el régimen. Le sigue la división en la clase política, con gobernadores dispuestos a cooperar con las agencias estadounidenses, sin los límites y descalificaciones del gobierno federal. Y ahora aparecería otra fisura, dentro del mismo régimen: entre el personal de nivel medio y alto comprometido con el combate al crimen –con el apoyo estadunidense– y quienes presionan internamente –encabezados por López Obrador– por evitar que la cooperación vaya más lejos. El embajador Johnson –escribió AMLO en su libro reciente– “no es diplomático ni político; más bien actúa como un excitado y entrometido policía”.

Con alfileres. En este marco parece encuadrarse la vehemente reacción de la Presidenta contra la instalación de la primera piedra de una academia de policía del gobierno de Querétaro, en presencia del gobernador del estado, del embajador de Estados Unidos y de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República en Querétaro y de la Guardia Nacional. Importantes espacios de la prensa nacional e internacional ubican el choque en las tensiones crecientes entre el régimen de México y el de Washington, acaso una relación sostenida con alfileres.

Mares de fondo. A ello agregan los analistas la hostilidad de Palacio hacia gobernadores provenientes del opositor partido Acción Nacional, por sus vínculos con agencias estadounidenses en proyectos de combate a los cárteles del crimen. En la prensa se liga, además, esta beligerancia oficial al campo de batalla de las elecciones del próximo año, en que el régimen llevaría como bandera el rechazo al intervencionismo estadounidense. Pero, a juzgar por otras voces, en esta tempestad hay otras evidencias de mar de fondo.

Turbulencias internas. Llegamos así a las turbulencias internas generadas en el país por la permisividad, las complicidades y las fusiones del régimen –en diferentes modalidades y regiones– con los consorcios criminales en el sexenio de López Obrador. Cifras infernales de muertes y desapariciones forzadas, comparables con los récords de varias guerras; más de un millón de desplazados de sus hogares y comunidades; sumisión de negocios de todos tamaños a la extorsión de los cárteles y captura de mercados de productos de primera necesidad a escala regional y nacional.

Inseguridad de exportación e intervención. Finalmente, el oleaje se volvió incontenible por la expansión de los cárteles. Inundaron el mercado de Estados Unidos con drogas letales –sostiene su gobierno–, con efectos graves en la salud pública, especialmente entre los jóvenes.

Mientras el control territorial de los cárteles en México –rematan allá– llegó a la frontera de la superpotencia vecina al grado de generar un consenso estadounidense que ve a México como un exportador neto, también, de inseguridad nacional, así como refugio y cómplice de una nueva amenaza mundial: el narcoterrorismo. Esta figura, de acuerdo con la legislación interna de la superpotencia, faculta a su gobierno a combatir este delito en el exterior, configurando así, unilateralmente, condiciones para la intervención de Estados Unidos en este país escindido.

@JoseCarreno

Académico de la UNAM