Ecuador y la conexión mexicana: un movimiento en marcha

Rafael Correa fue presidente de Ecuador durante una década, gracias a una enmienda constitucional que le permitió reelegirse. Quería otra reforma para poderse reelegir indefinidamente, pero ya no tuvo la fuerza para que se aprobara en el Congreso. Lo que sí lo alcanzó fue la revelación de que varias multinacionales, incluida la brasileña Odebrecht, inyectaron millones de dólares a su segunda campaña presidencial, por lo que fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho, derivado de lo que se llamó el “caso Sobornos 2012-2016”. Correa nunca fue a prisión porque huyó del país y logró que Bélgica le otorgara asilo político el año pasado.

Correa está en medio de la tormenta política en su país a seis días de la elección presidencial, manchada por el asesinato −el miércoles pasado− de Fernando Villavicencio, el candidato oficialista y a quien persiguió en el pasado y buscó encarcelarlo. La misma noche del día en que lo mataron de nueve tiros, su hermana y sus seguidores gritaban “¡Correa criminal! ¡Correa criminal!”, señalándolo como uno de los responsables del crimen.

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La explosión de rabia fue emocional, pero había antecedentes objetivos. Correa había insultado a Villavicencio −sinvergüenza, delincuente, chantajista y abyecto, son algunos de los apelativos que le endilgó−, y ya en la campaña presidencial, donde el expresidente se encuentra detrás de Luisa González, que fue miembro del gabinete en su administración y que prometió regresarlo de su exilio, apareció en un spot junto con su candidata señalando que “por estos seis años de destrucción, nuestra venganza personal será única”, lo que fue ampliamente interpretado como un mensaje al político asesinado.

Correa tenía fuertes razones para odiar a Villavicencio, quien en 2019 en el portal Mil Hojas publicó “Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador”, en coautoría con Christian Zurita, que lo reemplazará como candidato a la Presidencia, con lo que se puso en marcha una investigación judicial sobre corrupción que provocó la huida de Correa de Ecuador para evitar ser detenido. El deseo de venganza de Correa ha sido público y su activismo político intenso en las redes sociales.

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El expresidente no está sólo en la lucha por retomar el poder en Ecuador, sino que ha contado con un aliado importante: el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le ha dado cobijo a él y a varios de sus cercanos, incluso a algunos que están siendo buscados por la justicia ecuatoriana.

El centro de operaciones estratégico de la campaña de la candidata González se encuentra en la Ciudad de México. Correa pasa mucho tiempo en este país, y poco en Bélgica, que le brindó el asilo político. Desde 2020 ha tenido reuniones político-electorales en México, cuando inició la campaña presidencial de Andrés Arauz, que perdió en la elección de 2021 ante el presidente Guillermo Lasso, y hoy es el compañero de fórmula de González para la Vicepresidencia. En varias fotografías que circularon del encuentro, aparecían exministros de Correa prófugos de la justicia −Vinicio Alvarado, Fernando Alvarado, René Ramírez, Ricardo Patiño y Augusto Espinosa− y otros personajes como Enrique Menoscal, director ejecutivo del Movimiento Centro Democrático, que confirmó la reunión al diario Expreso.

El gobierno de López Obrador ha dado santuario político al núcleo duro del correísmo y les ha permitido intervenir en la campaña presidencial de Ecuador, lo que no viola ninguna ley mexicana. Lo que es cuestionable, sin embargo, es que proporcionó mucho más que un refugio. Morena, el partido en el poder, les ha ayudado con una empresa de Jalisco con la que trabaja, en el manejo de redes sociales. La Presidencia, por su parte, ha ido más allá del asilo a los correístas más poderosos porque ha dado cobijo a prófugos de la justicia.

El caso más notable es el de Fernando Alvarado Espinel, quien fue secretario de Comunicación de Correa y encabezó la dirección responsable de los medios públicos, hasta que ante crecientes tensiones con medios privados fue relevado y nombrado ministro de Turismo. La Fiscalía lo investigó por el delito de peculado y le puso un grillete para evitar que escapara. Sin embargo, en 2018 se lo quitó y escapó del país.

Su hermano, Vinicio Alvarado Espinel, ministro de Turismo y secretario nacional de Comunicación, dirigió la maquinaria de publicidad y propaganda del expresidente. El colaborador de Correa, a quien conoció desde que estudiaron en la misma secundaria, huyó a Venezuela en 2019 cuando la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra por peculado. Ya protegido por México, asesoró a Gustavo Petro en la campaña presidencial.

Ricardo Patiño, canciller y ministro de Defensa y Finanzas, escapó de Ecuador antes de que la Fiscalía lo detuviera por instigar contra el gobierno del presidente Lenín Moreno en 2019, por lo que podría haber ido dos años a prisión. Patiño huyó por carretera a Perú, y voló a México. Interpol tiene una ficha roja para su localización y captura.

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Otra figura importante es Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta de la Asamblea Nacional y secretaria del Movimiento Alianza PAIS −acrónimo de Alianza Patria y Soberana− que llevó a Correa al poder. Rivadeneira encabezó una revuelta en ese movimiento y destituyó a su presidente, Lenín Moreno, profundizando la crisis que provocó la fractura en ese grupo. La asambleísta se refugió en la Embajada de México en Quito junto con varios de sus colegas, a quienes recibió el gobierno de López Obrador como “asilados diplomáticos” en enero de 2020. Entre ellos llegó otra asambleísta, Soledad Buendía, con cuyo esposo, Edwin Jarrín, que trabajó con Correa, Rivadeneira fundó 10 meses después Taktika Mundo, una empresa cuyo primer contrato, tras un año de ser creada, fue con Morena.

El activismo del gobierno de López Obrador y Morena en las elecciones ecuatorianas rebasa la legalidad. No hay autodeterminación del pueblo ecuatoriano, sino injerencia directa en sus asuntos internos. Tampoco imparcialidad, sino pleno respaldo a Correa. Todo es parte de un movimiento en marcha en América Latina para imponer una narrativa común y un proyecto hegemónico a como dé lugar.

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