Educación, un ‘derecho universal’ sólo en papel

La Constitución Mexicana establece, en su artículo tercero, que “toda persona tiene derecho a la educación” y que el Estado “impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”. La redacción no deja lugar a dudas respecto del significado del derecho y las obligaciones estatales.

En otras palabras, lo que el máximo ordenamiento jurídico del país establece es que todas las personas, sin excepción, deben tener acceso a la educación y que esta, en principio, debe ser impartida por instituciones públicas en cuyas aulas debe existir espacio para todos.

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Dicho de otra forma, la educación privada, es decir, la impartida en instituciones que no son públicas y, por tanto, no es gratuita, debe ser, en todo caso, una elección realizada por los padres de familia −o por los estudiantes− porque encuentran en ella una alternativa mejor ajustada a sus creencias, ideales o aspiraciones de carácter personal.

Sin embargo, la realidad dista de ser la planteada por la Constitución, pues múltiples familias se ven en la necesidad −o son obligados por las circunstancias, si se prefiere− de inscribir a sus hijos en escuelas privadas porque no existe capacidad suficiente en las públicas.

Una muestra de ello es el reporte que publicamos en esta edición relativo a la existencia de más planteles privados que públicos en el nivel de preparatoria, al menos en el territorio de Saltillo.

En efecto, de acuerdo con información del Sistema de Apoyo y Reforzamiento Académico para la Planeación Educativa (Sarape), en el nivel medio superior de educación se tienen registradas 90 escuelas preparatorias privadas, pero solamente 42 públicas.

En relación con el volumen de población que se atiende en uno y otro modelo, el referido Sistema señala que, del total de 30 mil 644 estudiantes de preparatoria en Saltillo, 15 mil 164 asisten a escuelas públicas; 11 mil 153 a privadas y 4 mil 327 a instituciones autónomas.

Los números anteriores revelan que 36 por ciento del total de estudiantes de preparatoria en la capital coahuilense toman clases en escuelas privadas, lo cual constituye, sin lugar a dudas, un indicio en el sentido de que las instituciones públicas carecen de la capacidad de absorción requerida.

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Se trata de un indicador preocupante que refleja una ausencia de inversión en infraestructura educativa por parte de los tres órdenes de gobierno. El hecho tendría que provocar una acción inmediata por parte de las autoridades educativas, al menos para el desarrollo de un diagnóstico puntual del fenómeno.

Y es que mientras estadísticas como esta no se conviertan en motivo para la acción de las autoridades, la promesa de la Constitución, en relación con el derecho universal a la educación, se quedará en eso: en una promesa que solamente es realidad en el papel, pero no existe en la realidad.