El 8M encapsulado: entre la ira y el Estado
El Estado legitima al 8M, pero simultáneamente reduce su carácter antisistémico. El problema deja de ser el ‘patriarcado estructural’ y pasa a ser la ‘violencia de género’ o la ‘falta de políticas públicas con perspectiva de género’
El proceso de encapsulación del 8M por parte del Estado ocurre en cinco etapas secuenciales.
Primera: Emerge el conflicto. El 8M, distintos grupos de mujeres organizan y movilizan protestas para denunciar las injusticias estructurales contra la mujer. Su discurso, radical y disruptivo, ejerce una presión pública relevante y confronta simbólicamente al poder estatal por su negligencia para actuar de forma coherente entre el discurso flamígero y la realidad lacerante que viven la mayoría de las mujeres mexicanas.
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De 2018 a 2022, las protestas feministas en México fueron altamente confrontacionales y radicales. Sus demandas centrales eran contra la violencia feminicida, la impunidad judicial, la desigualdad estructural y la crítica al Estado heteropatriarcal.
El conflicto, en este momento, no estaba bajo control institucional o del Estado.
Segunda: Reconocimiento y redefinición del conflicto. El Estado empieza a reconocer públicamente el problema, pero lo redefine mediante distintos mecanismos: discursos oficiales, declaraciones de apoyo, reconocimiento simbólico e inclusión del tema en la agenda pública.
En este momento, el Estado legitima al 8M, pero simultáneamente reduce su carácter antisistémico. El problema deja de ser el “patriarcado estructural” y pasa a ser la “violencia de género” o la “falta de políticas públicas con perspectiva de género”.
En México, el conflicto fue reformulado: de crítica a la estructura patriarcal pasó a ser un problema de seguridad pública y/o un problema cultural y/o un problema de políticas públicas insuficientes a favor de la mujer.
De esta manera, un conflicto de suyo estructural pasó a ser un tema administrativo.
Tercera: La institucionalización. El conflicto es introducido en las estructuras burocráticas del Estado e inicia la creación de institutos o secretarías gubernamentales, comisiones, leyes, programas públicos, mesas de diálogo y observatorios para reducir las violencias contra la mujer.
En esta fase, la protesta es transformada en política pública gestionable.
En México, el conflicto fue incorporado a la estructura estatal mediante el Instituto Nacional de las Mujeres, las fiscalías especializadas, las leyes de igualdad y los presupuestos etiquetados para programas focalizados en la mujer.
El conflicto pasó del espacio de movilización política al espacio técnico-administrativo.
Cuarta: La ritualización. El conflicto es ubicado en una fecha específica para aglutinar la protesta colectiva masiva (el 8M) con amplia cobertura mediática, discursos oficiales y campañas institucionales.
Ese día aparecen los rituales (marchas, carteles, tendederos, canciones, pañuelos, etcétera) y formas institucionalizadas de expresión de la protesta (quemas de lonas, vallas de contención, vandalismo contra monumentos públicos, etcétera).
Esta ritualización genera una válvula de despresurización social.
En México, el 8M es un ritual político anual que permite expresar la ira, la indignación y la impotencia de las mujeres –con sus excesos–. La protesta es canalizada a un día específico para evitar la presión continua durante el resto del año. El conflicto es calendarizado. Y existe, pero en marcos previsibles y controlables.
Quinta: Fragmentación y cooptación. Aparecen, al interior del movimiento, divisiones internas: entre feminismo institucional, radical, liberal, conservador e interseccional (que combina raza, clase, género, capacidad y orientación sexual), lo cual genera división interna, cooptación estatal de liderazgos, pérdida de radicalidad e integración parcial al sistema político.
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El conflicto, en este momento, se vuelve administrable porque reduce la capacidad de presión unificada del movimiento feminista en todas sus vertientes.
De esta manera, el encapsulamiento del 8M cumple cuatro funciones estratégicas para el Estado:
1) Mantener la estabilidad para procesar el conflicto sin ruptura institucional.
2) Preservar la legitimidad a través de un discurso receptivo y progresista.
3) Evitar la radicalización antisistémica del movimiento al institucionalizarlo.
4) Controlar la agenda pública al gestionar el conflicto dentro de tiempos y marcos definidos por el Estado.
