El Autoritarismo Alimenta el Deterioro Fiscal de México

Por Guillermo Ortiz, Project Syndicate.

CIUDAD DE MÉXICO.- México está en problemas. No del tipo que los gobiernos pueden gestionar mediante ajustes de política económica, sino una dolencia estructural más profunda que se agrava silenciosamente hasta que estalla en una crisis. Dos rebajas recientes en la calificación crediticia, por parte de Moody’s and S&P, han hecho visible para los mercados internacionales este problema, pero sus causas siguen sin ser comprendidas correctamente.

Las agencias calificadoras citan el deterioro fiscal—el aumento de los déficits presupuestarios, la precaria situación financiera de Pemex, la gigante petrolera estatal, y los abultados programas de transferencias—como la principal razón de la rebaja. No se equivocan. Pero este desequilibrio fiscal es un síntoma de una dolencia más grave: un modelo de gobernanza receloso de los mercados, hostil a las instituciones independientes e incapaz de ofrecer la predictibilidad jurídica que los inversionistas requieren. La verdadera acusación contra México hoy no es principalmente fiscal, es política.

En los siete años que el partido Morena ha gobernado México, primero bajo el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y ahora bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, el país ha registrado su peor desempeño en crecimiento desde la “década perdida” de los años ochenta. El crecimiento real del PIB ha promediado menos del 1% anual. A medida que las cadenas de suministro se alejaron de China, el “nearshoring” debía haber generado un dividendo histórico, pero en cambio ha tenido un desempeño muy por debajo de las expectativas.

La promesa de que México se convertiría en el gran beneficiario de la desglobalización no se ha materializado. La oportunidad estuvo ahí, pero el entorno de política pública ahuyentó el capital necesario para aprovecharla. Desmantelar los órganos reguladores, copar el poder judicial y gobernar mediante decreto ejecutivo es una receta para el estancamiento, no para una economía competitiva de alto crecimiento.

Esto nos lleva al meollo del asunto: México ya no es una democracia en ningún sentido significativo del término.

La evidencia es abrumadora. AMLO pasó sus seis años en el cargo debilitando sistemáticamente toda institución capaz de frenar el poder ejecutivo, desde el órgano electoral y la Suprema Corte hasta los organismos reguladores autónomos y la prensa libre. Sheinbaum ha continuado y, en algunos aspectos, acelerado ese proyecto. La reforma judicial de 2024, que introdujo la elección popular de los jueces federales, fue el golpe decisivo. En lugar de democratizar los tribunales, los politizó, y en el México de hoy, un tribunal politizado es un tribunal de Morena.

Las consecuencias para el Estado de Derecho han sido inmediatas y graves. Los inversionistas extranjeros que habían sido cautelosamente optimistas ante las primeras señales de Sheinbaum se han llenado de alarma. Sin tribunales independientes capaces de hacer cumplir los contratos y proteger los derechos de propiedad, ningún marco de inversión serio es posible. Sheinbaum dice querer capital privado, pero para ofrecer un sistema jurídico en el que los inversionistas confíen, necesita enfrentarse al legado ideológico de su partido, algo que parece no estar dispuesta a hacer.

De hecho, el gobierno de Sheinbaum ha dado otro paso hacia la consolidación permanente del poder. El Congreso aprobó recientemente una reforma constitucional que permite anular elecciones por motivos de injerencia extranjera. En un sistema político donde el partido gobernante controla el poder judicial, la autoridad electoral y el legislativo, dicha ley no es una salvaguarda de la soberanía. Es un instrumento para mantener el statu quo y un escudo frente al escrutinio externo.

Consideremos lo que dicho escrutinio ya ha revelado. A finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusándolo de conspirar con la fracción Chapitos del cártel de Sinaloa para traficar drogas a los Estados Unidos. La acusación alega que la fracción aseguró la victoria de Rocha Moya en la elección gubernamental de 2021 robando votos y secuestrando e intimidando a candidatos de la oposición.

Según los fiscales, Rocha Moya (estrecho aliado de AMLO) se reunió con la dirigencia del cártel durante la campaña y se comprometió a instalar funcionarios afines al cártel en el gobierno de Sinaloa. La evidencia física incluye listas mensuales de sobornos escritas a mano, incautadas en México, con los nombres y cargos de los funcionarios sobornados y los montos pagados.

La respuesta de Sheinbaum a la solicitud de extradición fue reveladora: se negó a cumplirla, exigiendo “pruebas irrefutables” y señalando que, si no se aportan pruebas, es evidente que los cargos obedecen a motivaciones políticas.

La acusación contra Rocha Moya no es un caso aislado. Refleja la realidad de que el crimen organizado no opera simplemente a la par del sistema político de México; en muchas partes del país, es el sistema político. La elección gubernamental de Sinaloa de 2021, según el gobierno estadounidense, fue una transacción, no una elección.

Esto plantea la pregunta más incómoda de la política mexicana actual. Si el financiamiento del cártel fluyó hacia el partido Morena en una elección gubernamental de 2021, ¿por qué la elección presidencial de 2024, mucho más grande e involucrando las mismas redes políticas, estaría a salvo? La pregunta no es si, a ojos de los votantes mexicanos, Sheinbaum ganó legítimamente, es si el aparato partidario que le procuró su victoria histórica fue limpio. En este contexto, la supuesta defensa del gobierno contra la injerencia extranjera parece menos una protección democrática y más una prohibición preventiva de esfuerzos formales para plantear esta pregunta.

Por esta razón, Sheinbaum no puede romper con su predecesor. Actuar contra la influencia del cártel en la política mexicana implicaría actuar contra la red que la llevó al poder.

Las rebajas en la calificación crediticia de México señalan un riesgo fiscal creciente. Sin embargo, los mercados financieros son más lentos en valorar el riesgo de que un país transite de una democracia imperfecta a un régimen autoritario competitivo. México ha cruzado ese umbral. Los costos apenas comienzan a acumularse. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda y Crédito Público de México y exgobernador del Banco de México, es Tesorero del G-30.