El bombardeo contra la libertad de expresión en México

Por racimos caen sobre nuestra maltrecha libertad de expresión los misiles israelíes Shafrir, Rafael Derby, Python y los Popeye AGM-142, que operan a 100 kilómetros desde el suelo con un alcance de 2 mil 400 kilómetros.

La Ley de Ciberasedio del estado de Puebla entró en vigor el 14 de junio de 2025.

Modifica el artículo 480 del Código Penal del Estado para penalizar con “hasta 3 años de prisión y multas a quien, a través de redes sociales o cualquier medio digital, insulte, injurie, ofenda o veje de forma reiterada a otra persona”.

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La ambigüedad de su redacción, en términos como “insultar” u “ofender”, abre la posibilidad de que esta ley sea aplicada para silenciar a críticos políticos o a periodistas, y afectar con ello el ejercicio de la libertad de expresión.

Terminado este bombardeo, nuestra golpeada libertad sale de su búnker de carrizo, techo de palma y sin ventanas o puertas para buscar opciones de fuga. Pero, en ese momento, suenan las sirenas de alarma para anunciar la llegada letal de los misiles iraníes Khyber, de la familia Khorramshahr, con un alcance de 2 mil kilómetros. Angustiada, corre a su refugio mientras lanza señales de amor y paz al aire embravecido por el estallido de los propulsores líquidos de los misiles.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores utilizó el aparato judicial para silenciar la crítica y censurar la libertad de expresión en su estado: el periodista Jorge Luis González Valdez no podrá ejercer su labor periodística durante dos años, estará obligado a cerrar su portal y tendrá que pagar 2 millones de pesos como indemnización por supuestos cargos de incitación al odio y difamación dirigidos contra la gobernadora.

Dentro de su frágil santuario, y a pesar de la inminencia de la muerte, esa libertad de expresión muestra un rostro de rabiosa inteligencia y un corazón acuerpado, incapaz de pedir perdón por existir.

La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, es una censura a la libertad de expresión por varias razones:

1) El Gobierno Federal centralizará el control del espectro radioeléctrico y de la difusión digital. Con ello, impondría “bloqueos arbitrarios a contenidos que sean críticos o que no se alineen con la narrativa oficial, limitando la diversidad de opiniones y la pluralidad informativa”.

2) Tiene una redacción ambigua e imprecisa, por ejemplo en el uso de términos como “propaganda” o “contenido discriminatorio”, que pueden ser interpretados de manera parcial y subjetiva. Lo cual otorgaría “a las autoridades un margen de maniobra para sancionar expresiones críticas o disidentes, incluso si se presentan en contextos legítimos de debate político”.

3) Carece de un proceso legislativo adecuado y de un debate transparente. La ley ha sido impulsada mediante un procedimiento legislativo acelerado y con foros públicos cuyos resultados no han sido publicados.

4) La centralización del control y la potencial censura de contenidos críticos tendrán repercusiones directas en la libertad digital. Porque la Ley busca “regular de manera estricta qué contenidos pueden difundirse”. Y, de esta manera, mermar “el acceso a información diversa y restringir el debate en redes sociales, cuyo espacio nutre gran parte de la discusión pública”.

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De ser aprobada, esta ley será un retroceso en la protección de los derechos digitales y un atentado a la autonomía de la sociedad para decidir qué es un discurso legítimo y qué no.

Esta nueva Ley de Telecomunicaciones, próxima a aprobarse, concentra el poder en una sola persona que le responde a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Su nombre es José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Finaliza la lluvia de bombas israelitas e iraníes. El humo y la arena impiden que nuestra libertad de expresión mire la luz de un sol rojizo e incandescente en el cenit del desierto.