El caso Regina Martínez en la Suprema Corte. Once años de impunidad
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La Primera Sala de la Suprema Corte decidirá sobre el asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Su fallo puede ayudar a la reducción de la impunidad con la cual operan los asesinos de periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas y otros gremios amenazados.
Veracruz es uno de los rinconcitos donde hace su nido la impunidad. Cuando asesinaron a Regina hace once años, gobernaba un priista, luego vino un panista y ahora despacha un morenista. No hay ninguna diferencia entre ellos, pues sus respectivos fiscales nunca han querido vincular la ejecución con la labor periodística de Regina; para ellos, o fue un crimen pasional o un robo violento. Sin ganas de saber.
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La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es una dependencia federal adscrita a la PGR, primero, y a la FGR. Podría hacer muchísimo, pero tampoco tiene ganas de saber. Es notable su pasividad y falta de compromiso, lo cual contribuye a que en México no se esclarezcan el 99.6 por ciento de los asesinatos de periodistas.
Las investigaciones se eternizan y por la combinación de tiempo, costos y riesgos es frecuente que las familias de los asesinados no puedan seguir los casos. Eso ha pasado con la familia de Regina, y la revista Proceso no puede intervenir más activamente porque consideran que “carece del interés jurídico”.
Aquí entra Sara Mendiola, una brillante abogada que después de trabajar en la Suprema Corte decidió irse a las trincheras, el campo de operaciones de Propuesta Cívica, un organismo de la sociedad civil mexicana que defiende legal y gratuitamente a periodistas.
En representación de Proceso y con el respaldo de Reporteros sin Fronteras, Propuesta Cívica ensayó un enfoque innovador e inició un juicio de amparo indirecto para que el Poder Judicial de la federación reconozca a Proceso y a sus abogados la calidad de “víctimas indirectas” por el asesinato de su corresponsal en Veracruz.
En los próximos días, la Primera Sala de la SCJN decidirá si Proceso puede involucrarse activamente en el caso de quien fue su empleada. Hay división de opiniones sobre el tema. Según una tesis, no es posible calificar a Proceso como víctima porque sólo había un nexo laboral entre la persona moral y la física.
Con ese enfoque se pasa por alto que quienes recibimos un honorario o salario por prestar un servicio a un medio independiente y crítico no lo hacemos solamente por el dinero. Se requiere estar dispuesto a jugársela por la libertad de expresión y a correr los riesgos asociados con vivir en el país más peligroso del mundo para el periodismo crítico. Existen quienes lo hacen desde la individualidad, otros buscan medios comprometidos.
Quienes gobiernan siempre han intentado descalificar a la revista Proceso; han fracasado porque la historia también se escribe con ética. En “El Vendedor de Silencio”, Enrique Serna pone al fundador de Proceso, Julio Scherer García, a quien llamaban “El mirlo blanco”, como el personaje que contrasta con Carlos Denegri, figura paradigmática del periodista que vende sus textos al poder.
A Scherer lo sucedieron en la dirección Rafael Rodríguez Castañeda y Jorge Carrasco y en torno a ellos se han congregado periodistas ferozmente independientes que nunca han pedido permiso para ejercer la libertad de expresión. Los solitarios de Palacio, desde José López Portillo hasta Andrés Manuel López Obrador, se las han cobrado y caro.
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La Primera Sala de la Suprema Corte debe ser fiel a su tradición garantista y calificar a Proceso como “víctima indirecta” en el caso de Regina.
En tanto conocemos el desenlace y por aquello de las cochinas dudas, otro abogado de Propuesta Cívica, Víctor Javier Martínez Villa, mantiene constantemente informado al relator especial Para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal vez será necesario llevar el caso de Regina a esa instancia.
En otras palabras, ni nos vamos a callar ni nos vamos a dejar.
PD. Por aquello de los conflictos de interés, van un par de aclaraciones. Presido Propuesta Cívica y critico tan duramente a la FEADLE porque he padecido su burocratismo y pachorra desde que interpuse una demanda ante ellos por una amenaza de muerte recibida en el lejano 2018 (este caso lo lleva Artículo 19).
