El costo de seguir esperando: La reforma que México no puede aplazar más
El país registra una recaudación de impuestos de 18.3% del PIB, lo que es su nivel más alto en la historia reciente, pero es bajo entre los miembros de la OCDE
Cada otoño, el debate presupuestal repite el mismo guion: se cuadran las cifras con recortes y optimismo, y se aplaza la discusión de fondo. México recauda cerca de 18.3% del PIB en impuestos, el nivel más bajo entre los países de la OCDE, cuyo promedio ronda 34%. Con esa base es imposible financiar al mismo tiempo pensiones, salud, seguridad e infraestructura sin endeudarse más. Subir la recaudación no es capricho ideológico de derecha o de izquierda; es aritmética.
A esa debilidad de ingresos se suma que alrededor del 80% del presupuesto, ya tiene dueño antes de que se discuta: las pensiones y jubilaciones, que crecen con el envejecimiento de la población; las participaciones y aportaciones a estados y municipios, que la ley obliga a transferir; y el costo financiero de la deuda, que supera 1.4 billones de pesos en el Presupuesto de Egresos. Lo que queda para inversión y nuevos programas es un margen estrecho, y se achica cada año.
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El FMI lo ha dicho con claridad. Tras su misión del Artículo IV de 2026, advirtió que el presupuesto 2027 posterga parte de la consolidación fiscal, y recomendó focalizar mejor los programas sociales, retirar progresivamente los subsidios a los combustibles y fortalecer las finanzas de Pemex. L
os estímulos al IEPS de gasolinas benefician más a quien más consume y restan recursos que podrían llegar a quien más los necesita. Focalizar no es recortar; es gastar con puntería.
Pemex es el nudo central. Su deuda financiera ronda los 100 mil millones de dólares, según sus propios reportes. La refinación ha sido durante años un pozo de pérdidas.
Seguir inyectando dinero a refinerías equivale a quitarle recursos a escuelas y hospitales para sostener un negocio que no genera valor. Vender el área de refinación, con reglas claras y vigilancia, liberaría presupuesto y reduciría el riesgo soberano del país.
Los estados, por su parte, dependen en su gran mayoría de participaciones y aportaciones federales. Una federación sana exige corresponsabilidad: predial actualizado, cobro eficiente de derechos y verdadero esfuerzo recaudatorio local, con incentivos para premiar a quien más recaude.
Parte de lo obtenido debe ir a la salud pública. México destina apenas 5.9% del PIB al gasto total en salud, frente a 9.2% del promedio OCDE (OCDE, Health at a Glance). Millones de familias pagan de su bolsillo lo que el sistema no les garantiza, y un solo gasto catastrófico puede devolver a un hogar a la pobreza.
Ningún gobierno disfruta subir impuestos. Pero este tiene un activo que sus antecesores no tuvieron: resultados en pobreza. Según el INEGI, la pobreza pasó de 36.3% de la población en 2022 a 29.6% en 2024, unos 8.3 millones de personas menos.
Ese capital político, junto con una mayoría legislativa amplia, es lo que permite pedir un esfuerzo a quienes más tienen y ampliar la base hacia quienes no pagan (generalizar el IVA). Una reforma integral protege esos avances.
La legitimidad no se acumula para guardarla; se gasta en reformas difíciles. El costo político de actuar hoy, con la pobreza a la baja, es menor que el de hacerlo mañana, cuando la factura llegue en forma de crisis.
Guillermo Garza De La Fuente Economista y Catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC y de la Universidad La Salle Saltillo.
