El poder del miedo en el régimen de la 4T

En todo régimen de autoridad, el miedo juega parte relevante. En un sistema democrático, que ofrece certeza de derechos y una justicia confiable, funciona como recurso de control frente a quien quebranta la ley; su presencia es de la mayor importancia porque inhibe conductas antisociales. Quien transgreda entiende que habrá consecuencias.

La situación es diferente dentro de un régimen autoritario. La acción represiva del Estado no se desprende del marco legal, sino de la discrecionalidad de la autoridad. No es la certeza de derechos, sino la arbitrariedad. El miedo tiene un efecto exponencial porque no es la ley ni la norma escrita la que define qué está prohibido o permitido, sino la decisión de quien tiene la capacidad para sancionar, situación que se reafirma por la inexistencia de un sistema de justicia confiable.

El miedo en el gobierno autoritario tiene su economía: es arbitrario en el sentido de que es discrecional, pero se ejerce, casi siempre, con un sentido demostrativo con el propósito de reafirmar el sistema de poder. Su correcta administración abre espacio no sólo a la obediencia, sino también al consenso, es decir, la adhesión social al régimen. El autoritarismo no está reñido con la aceptación.

El régimen obradorista siempre ha requerido del miedo. La prédica moral no sólo tiene que ver con postular lo deseable, esto es, no mentir, no robar, no traicionar, sino también con la recriminación al enemigo, quien es etiquetado como conservador, corrupto y hasta traidor a la patria. En tal empeño, reprender la libertad de expresión ha sido un objetivo central a lo largo de estos ocho años; con tonos y formas diferentes, la embestida contra el periodismo independiente no ha cambiado.

En estos dos últimos años es más ostensible el uso de la justicia electoral y de disposiciones reglamentarias o legales bajo el pretexto de la defensa de las audiencias o la protección de los derechos de autor. Queda claro que, en los nuevos términos de represión a la libertad de expresión, el miedo juega un factor central: no se trata sólo de castigar, sino de que la persona, el medio o la empresa se inhiban de ejercer la libertad a manera de evitar una posible sanción. Queda claro que la autocensura ha ganado terreno como nunca.

Hay una diferencia notable entre el gobierno de López Obrador y el de ahora. Antes, la embestida contra el periodismo independiente venía directamente del Ejecutivo y casi siempre quedaba en eso, el insulto y la descalificación; pocas veces escalaba a actos de gobierno. Ahora, la Presidenta también se refiere de manera negativa a los medios y periodistas independientes, pero no es tan frecuente y pocas veces ha sido tan frontal como su antecesor. Sin embargo, en la estructura de autoridad sí ha permeado: los gobernadores cada vez son más propensos a la represión.

Capítulo aparte merece la justicia electoral con la amañada salvaguarda de la figura de la violencia política de género, dirigida no sólo como recurso de castigo e intimidación a los medios convencionales y a quienes allí colaboran, sino también a los del espectro digital y hasta a ciudadanos.

En este mismo tenor, el país ha sido testigo de un hecho inédito: una represión ejemplar en la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial al someter a proceso sancionador a la exjueza Martha Magaña, quien en ocasión de la reforma del Poder Judicial concedió la suspensión del acto de autoridad reclamado (la discusión de la iniciativa por el Poder Legislativo), determinación judicial no acatada por la Cámara de Diputados.

El proceso no procede porque la juzgadora actuó en el marco de sus atribuciones. Que la resolución judicial (ignorada) no haya sido de la satisfacción del régimen político no da lugar a castigar a quien la emite, en virtud de la independencia que la función jurisdiccional entraña. Sin embargo, el problema va más allá de la funcionaria señalada –por cierto, de conducta ejemplar–, toda vez que ya no pertenece al Poder Judicial Federal; lo que pretende la autoridad a través del cuestionable Tribunal de Disciplina es establecer un precedente a partir del miedo, dirigido a todos los jueces por sus sentencias y actos judiciales que contravengan el interés del oficialismo.

Conforme aumentan los problemas y el descontento con el régimen obradorista, crece la necesidad de mantener el control por la vía de la represión; el miedo es su mejor y más eficaz presentación.