El suicidio es un problema que demanda atención en Coahuila

El seguimiento estadístico de los fenómenos naturales y sociales, se ha dicho hasta la saciedad, no puede −ni debe− ser un despropósito, sino al contrario: el comportamiento de las variables que se monitorean de forma constante tiene que ser el termómetro de las políticas públicas diseñadas para incidir en dicho comportamiento.

Más aún: el monitoreo de cualquier variable, que implica la inversión de recursos públicos, no es obra de la casualidad, sino el producto de una serie de decisiones tomadas a partir de la identificación de fenómenos que son relevantes para la vida comunitaria.

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Para decirlo con mayor claridad: si cualquier instancia pública realiza un seguimiento permanente en torno a cualquier variable es porque esa variable es relevante, es decir, porque existe una posición definida respecto de cuál es su comportamiento deseable.

Precisar lo anterior es relevante para dimensionar adecuadamente el significado de las cifras que contiene el reporte contenido en esta edición, relativo al incremento en la cifra de suicidios registrados en nuestra entidad entre los años 2012 y 2023, hecho que hoy es objeto de una serie de recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

De acuerdo con el estudio de políticas públicas realizado por la ASE, los gobiernos estatal y de los municipios de Coahuila, donde el fenómeno es más relevante, tendrían que diseñar y poner en práctica políticas públicas orientadas a revertir la tendencia actual.

“La tendencia se ha mantenido al alza y es muy probable que las proyecciones también se incrementen para los próximos años”, señala el reporte que recomienda alinear las estrategias locales a las directrices definidas por organismos internacionales especializados, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la Organización Panamericana de la Salud.

También se plantea la necesidad de fortalecer la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “con el objetivo de asignar responsabilidades puntuales en materia de prevención del suicidio en la población, sobre todo en el caso de los municipios”.

Lo señalado por la ASE, resulta obligado señalarlo, no solamente plantea lo que la lógica más elemental recomienda, sino que pone el énfasis en un hecho que resulta irrefutable: nuestras autoridades no hacen uso del monitoreo estadístico para definir y ajustar sus estrategias de acción.

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Lo anterior puede afirmarse porque, si las cifras en el número de suicidios se han duplicado en la última década, es evidente que nada se está haciendo al respecto o, al menos, nada que pueda considerarse eficaz en la atención del fenómeno.

Cabría esperar que la recomendación realizada por la ASE no sea desoída, sino al contrario: que sea una observación a partir de la cual se abandone en definitiva la actitud pasiva que se ha mantenido en torno a un problema que enluta cada año a cientos de familias coahuilenses.