El Tren Maya y el Metrobús Laguna son un asunto de ‘seguridad’

Hace unos días causó revuelo −con justa razón− el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para instruir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal “a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, dice el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado el 22 de noviembre.

Básicamente, se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México.

Sin embargo, apenas unos días antes, el 17 de noviembre, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila sesionó para declarar también como información reservada el Proyecto Ejecutivo del BRT corredor troncal de La Laguna, conocido como Metrobús Laguna. Quien escribe esta columna había solicitado precisamente una copia del proyecto (folio electrónico de la solicitud: 050098400002021), pero la información fue clasificada como reservada, también por temas de seguridad.

Entonces, el proyecto del Metrobús, al igual que el Tren Maya o la refinería de Tres Bocas, es un asunto de “interés público” y “seguridad”. Como bien expresó la coalición legislativa Va por México, las obras de infraestructura no ponen en riesgo el futuro del Estado mexicano. Entonces, si el Tren Maya no pone en riesgo al Estado, tampoco el Metrobús, una obra enfocada a la movilidad.

¿Por qué el Metrobús pondría en riesgo la seguridad pública? Según el argumento de la Secretaría de Infraestructura, el proyecto ejecutivo contiene información que de ser divulgada “representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, ya que al encontrarse la prueba de daño a cargo de los entes obligados, se puede establecer que en este caos específico con la publicidad de la información, el daño que puede llegar a producirse es mayor que el interés de conocerla, pues permite identificar y/o localizar información que pudiera poner en riesgo a toda la ciudadanía que haría uso del servicio público, así también poner en riesgo el patrimonio del estado por revelar datos de carácter operativo y de seguridad y vigilancia, y que de estar en poder de personas distintas al Estado pudiera ocasionar situaciones que consiguieran originar riesgos a la población en general, así como comprometer la seguridad pública”.

Dice en otro párrafo: “un proyecto ejecutivo consiste en un conjunto de memorias, planos, cálculos y especificaciones que contienen los datos y detalles precisos suficientes para que los encargados de llevar a cabo la obra puedan ejecutarla de la manera correcta (...). Se tendría acceso y conocimiento de las instalaciones existentes de Pemex y gas natural, así como de CFE, fibra óptica, cámaras de vigilancia, alumbrado público, agua, drenaje, semaforización, entre otros”.

Una versión pública, según la respuesta, no hay manera de elaborarla, “pues la información gráfica y escrita contenida no es susceptible de
testar”.

El plazo de reserva: dos años. El área responsable de la custodia del proyecto ejecutivo: la dirección de Proyectos de Obra.

AL TIRO

Para una prueba de daño se tiene que demostrar que dar a conocer información genera un daño mayor al posible beneficio de acceder al derecho a la información. Y en las obras públicas no hay prueba de daño.

Habría que preguntarles a los diputados federales, si así como señalaron la decisión federal, también señalarán la decisión estatal de reservar la información del Metrobús por un asunto de seguridad pública. En ambos casos es un atentado contra la transparencia y el derecho humano a la información pública.

Por cierto, la decisión de reservar la información fue impugnada por mi persona. Ahora corresponderá al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) tomar una postura. Esperemos sea coherente y proteja el derecho, y no promueva la opacidad y la arbitrariedad.