El verdadero reto del derecho a informarse: la educación

Cada 28 de septiembre se conmemora el “Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información”, efeméride que busca reflexionar sobre cómo garantizar que todas las personas, sin distinción, puedan acceder a la información pública. En esta fecha suele destacarse la existencia de un complejo marco normativo que incluye a la Constitución, instrumentos internacionales y leyes de transparencia que desembocan, entre otras herramientas, en portales y plataformas digitales gubernamentales diseñadas para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública.

No obstante, a pesar de estos avances, desde el ámbito educativo emergen algunas interrogantes cruciales: ¿cuál es la verdadera utilidad de los sistemas tecnológicos de vanguardia en materia de acceso a la información, si millones de personas aún carecen de la formación necesaria para utilizarlos de manera efectiva? o ¿se vulnera el principio de igualdad jurídica cuando las brechas educativas excluyen a grandes sectores de la población?

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Los anteriores cuestionamientos surgen debido a que, en ausencia de una educación que forme a las personas críticas y conscientes y que promueva el uso ético y efectivo de las plataformas digitales, dichas herramientas continúan siendo un privilegio reservado para ciertos sectores de la sociedad.

El derecho de acceso universal a la información choca con una realidad de desigualdad: muchos sectores de la población carecen de la formación necesaria para utilizar adecuadamente plataformas digitales. Esto refiere a que no siempre cuentan con habilidades para analizar, interpretar o aplicar la información de manera efectiva.

En consecuencia, suelen consumir contenido de manera pasiva y superficial, sin someterlo a un análisis crítico ni aprovecharlo plenamente para realmente tomar decisiones y acciones entendidas, fundamentadas y responsables, o bien, para su aplicación efectiva. Esta situación se ve agravada por la profunda brecha digital que persiste en países como México, donde millones de personas carecen de dispositivos y conectividad, lo que limita su práctica y la igualdad de oportunidades de aprendizaje.

Al confrontar estas realidades sociales, no se puede seguir legitimando la narrativa del progreso tecnológico mientras amplios sectores sociales son excluidos por carencias educativo-estructurales. La innovación, sin equidad, deja de ser avance y se convierte en reproducción de desigualdades. Esta forma de exclusión trasciende la simple ausencia de un aprendizaje escolar o institucional adecuado, constituye, además, una vulneración directa de un derecho humano fundamental: el derecho a informarse de manera efectiva.

No se trata únicamente de garantizar el acceso a la información, sino de asegurar la capacidad de comprender la realidad para tomar decisiones conscientes y fundamentadas. Mientras persista esta brecha, el acceso a la información no será más que una promesa incumplida. Es decir, muchas personas carecen de la formación necesaria para utilizar efectivamente dichos sistemas, así como de una educación que promueva el pensamiento crítico y la reflexión, y que instruya a las personas en la valoración de la igualdad, perpetuando desigualdades socioeducativas que impiden la realización efectiva del principio de igualdad jurídica.

Frente a este escenario, las instituciones educativas no pueden permanecer pasivas. El sistema educativo tiene la responsabilidad de formar a la ciudadanía activa y consciente. Deben enseñar a solicitar información pública, a interpretarla, a comprender y cuestionar cifras oficiales y, en general, a ejercer el derecho de acceso a la información como una herramienta efectiva para la participación ciudadana.

Si se garantiza que todas las personas cuenten con la formación integral necesaria para aprovechar los sistemas tecnológicos en esta materia, el derecho universal a informarse dejaría de ser un ideal normativo para convertirse en una práctica efectiva. Por ello, la educación no debe limitarse a la capacitación técnica para manejar plataformas digitales; además debe incluir un enfoque ético y cívico que permita distinguir entre la verdad y la manipulación, entre datos útiles y desinformación. De lo contrario, el riesgo es que la abundancia de información, cierta y falsa, en vez de fortalecer a la ciudadanía, termine por confundirla o desmovilizarla.

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En este contexto, las instituciones educativas adquieren un papel estratégico: son espacios donde puede concretarse una formación integral que combine la alfabetización digital con el desarrollo de competencias críticas. Estas competencias permiten analizar, evaluar y utilizar la información de manera reflexiva y fundamentada, siempre desde principios éticos. Para lograrlo, las academias deben convertirse en instrumentos de resistencia frente a la desinformación y la inequidad: enseñar a interpretar datos, cuestionarlos y reflexionar sobre su impacto social no es opcional; es la forma de garantizar que la tecnología y la información sirvan a toda la sociedad.

De esta manera, la educación institucional contribuye a que la tecnología deje de ser un privilegio de unos pocos y se convierta en una herramienta que promueva la participación plena, la igualdad jurídica y la justicia social. En conclusión, mientras las instituciones educativas no integren una formación que no sólo se alinee con los avances tecnológicos y las normativas de transparencia, sino que también promueva la capacidad de análisis y reflexión crítica sobre estos, millones de personas seguirán careciendo de las herramientas necesarias para ejercer plenamente su derecho a informarse.

De este modo el acceso a la información continuará siendo un privilegio de unos pocos y no un derecho universal, evidenciando que la verdadera desigualdad no radica en la ausencia de información, sino en la indiferencia hacia quienes permanecen excluidos de su acceso y comprensión.

La autora es Coordinadora de Proyectos de Educación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH