El voto capturado: ¿por qué urge repensar las elecciones judiciales?

La democracia no sólo se mide por la cantidad de votos emitidos, sino por la calidad de la participación ciudadana. Lo ocurrido en la reciente elección judicial en México, donde se eligieron a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros órganos del Poder Judicial, confirma que el modelo de votación para estos cargos requiere una revisión profunda.

Los datos son contundentes: el respaldo masivo a las candidaturas oficiales se concentró en zonas con menor nivel educativo, revelando que los partidos políticos aprovecharon la vulnerabilidad de los sectores más necesitados para consolidar su control sobre el sistema de justicia.

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En el artículo que se publica hoy en esta edición, basado en un reporte de Integralia Consultores, señala que estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco −todos con elevados índices de pobreza y rezago escolar− fueron los principales semilleros de votos para los candidatos afines al gobierno.

En regiones donde el promedio educativo es equivalente a la primaria terminada, las candidaturas promovidas por Morena y sus aliados recibieron sus mayores porcentajes de apoyo. En contraste, en zonas con mayor escolaridad, la votación fue más dispersa y crítica.

Este patrón no es casual ni anecdótico. Responde a una estrategia bien conocida: concentrar esfuerzos de movilización y propaganda donde hay menos acceso a información y menor capacidad para cuestionar el origen o los vínculos de los candidatos.

Los famosos “acordeones” electorales, distribuidos en días previos a la elección, funcionaron como una guía de voto casi obligatoria para muchas personas que, sin entender del todo el proceso, optaron por las caras sugeridas por las estructuras territoriales del partido. Es decir, se votó sin conciencia jurídica, sin reflexión democrática, sin autonomía real.

A eso se suma el hecho de que sólo el 13 por ciento del padrón electoral participó. La baja asistencia es reflejo de un proceso mal diseñado, poco comprendido y escasamente difundido. La mayoría de los ciudadanos ignoraba por completo que se votaría por jueces y magistrados. Sin embargo, pese a esa baja participación, los partidos lograron capitalizar el abstencionismo y dirigir el voto útil hacia sus fichas.

Esto no es sólo un problema técnico, sino un riesgo institucional. Si el Poder Judicial empieza a poblarse con perfiles avalados por la manipulación política y el voto condicionado de sectores marginados, el principio de independencia judicial queda seriamente comprometido. No se puede hablar de justicia autónoma cuando su cúpula llega al cargo con una “legitimidad” obtenida por medios clientelares.

Por ello, el modelo actual de elección judicial debe ser revisado con urgencia. El voto directo puede sonar democrático, pero aplicado en un contexto de desigualdad profunda, falta de educación cívica y estructuras partidistas omnipresentes, se convierte en un instrumento de captura institucional. Urge un sistema que combine mecanismos de evaluación técnica, criterios de idoneidad y filtros ciudadanos reales −no simbólicos− que garanticen que quienes lleguen a la Corte, los tribunales y juzgados lo hagan por méritos, no por lealtades partidistas.

Lo que reveló esta elección no es sólo un sesgo educativo, sino una estrategia política peligrosa: usar la necesidad como herramienta de poder. Si no se detiene ahora, el Poder Judicial correrá la misma suerte que otros órganos capturados. Y en un país que necesita urgentemente jueces independientes, eso sería una tragedia democrática.