Elección judicial Coahuila: campaña inexistente, pero con cargos asegurados

Múltiples voces lo han advertido desde el principio: el proceso electoral para designar, mediante voto popular, a quienes fungirán como ministros, magistrados y jueces en los poderes judiciales de la Federación y los estados, constituye una simulación.

En otras palabras, es una falsedad asegurar que ahora será “el pueblo” el que definirá quiénes tendrán a su cargo la impartición de justicia en el país, o que quienes, al final de este proceso ocupen los cargos en disputa, serán producto de un ejercicio democrático.

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Lo anterior es verdad, sobre todo en algunos casos, como el de Coahuila, cuyo proceso local puede ser adjetivado de múltiples formas, pero no como uno de carácter democrático.

Entre los elementos que permiten afirmar lo anterior se encuentra, como se ha comentado anteriormente, el hecho de que no existe incertidumbre sobre los resultados, pues alrededor del 80 por ciento de quienes fueron postulados por los comités seleccionadores ya tienen garantizado el cargo.

¿Cómo ocurrió lo anterior? Derivado, sobre todo, de dos reglas establecidas por el Congreso de Coahuila al regular la elección judicial en el ámbito local: la posibilidad de que más de un poder postule a la misma persona al cargo y el hecho de que las postulaciones se realicen mediante planillas.

Y si no existe incertidumbre, quienes “compiten” −pero sólo en teoría− por los cargos no tienen ninguna necesidad de realizar actos de proselitismo ni desgastarse intentando que la ciudadanía, cuyos miembros presuntamente les elegirán, les conozca.

Por ello, como lo consignamos en el reporte que publicamos en esta edición, las 135 personas que en Coahuila se disputan los 106 cargos que se encuentran en juego, entre magistraturas y juzgados de primera instancia, reportaron al INE que no gastaron un solo centavo en actos de campaña.

No es una broma, ni una exageración, ni una suposición, sino la consignación de los datos difundidos por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

De lo anterior solamente puede llegarse a dos conclusiones: o las personas candidatas han ocultado al INE la información relativa al gasto que sí realizaron o, en efecto, no gastaron ni un solo centavo porque no realizaron una sola actividad de campaña.

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Cualquiera de las dos conclusiones no solamente demuestra que el proceso, cuya jornada electoral estamos a punto de vivir, es una simulación, sino que descalifica a quienes pretenden convertirse en impartidores de justicia o ser ratificados en el cargo que ya ostentan.

Resulta imposible, ante la apabullante evidencia, considerar que este ejercicio es uno que pueda aportarle mayor calidad al proceso de zanjar las controversias que, de acuerdo con la ley, son objeto de sanción judicial. Más bien, al contrario, lo que se antoja es considerar que contribuirá al deterioro de una, ya de por sí, muy mediocre calidad judicial.