Elección judicial: crónica de una simulación anunciada

Nada distinto a lo previsto ocurrió ayer. Todos los “vaticinios” sobre la elección judicial se cumplieron de forma milimétrica. Tampoco podía ser de otra manera.

Escasa asistencia a las urnas; acarreo por parte de las estructuras partidistas; confusión generalizada respecto de cómo votar; festival de “acordeones”; lentitud en la emisión del voto... una crónica susceptible de ser escrita sin necesidad de asistir al evento.

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Una estampa digna de mención es el señalamiento de la consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tras acudir a emitir su voto ayer: “Todo mundo pudo haber hecho sus anotaciones personales, son muchos los votos que tenemos que marcar con número el día de hoy, y bueno, sí era válido que hiciéramos nuestras propias notas; yo traía mis notas”.

Destacar lo dicho por Taddei es importante no solamente para evidenciar la complejidad del ejercicio sino por algo aún más relevante: deja en claro la complicidad de la autoridad electoral con el régimen y los poderes fácticos para justificar la simulación de esta jornada.

Porque lo de ayer fue eso: una simulación en toda la extensión de la palabra. A diferencia de cualquier otro ejercicio en el cual, a partir de las decisiones personales se construye un mandato colectivo, el primer día de junio de 2025 la ciudadanía solamente acudió a las urnas a convalidar una decisión tomada de antemano en la cúspide del poder.

Es cierto: hubo un proceso de “inscripción” durante el cual, quienes lo quisieron y reunían los requisitos, pudieron solicitar ser considerados por los cuerpos colegiados responsables de validar las candidaturas.

Es cierto: hubo un proceso de “selección” a partir de unos requisitos específicos, más o menos rigurosos dependiendo si se trataba de la elección federal o la local.

Es cierto: hubo un período de “campaña” durante el cual, quienes terminaron siendo “palomeados” para aspirar a los cargos, pudieron dirigirse, a través de las redes sociales y los medios masivos, a la ciudadanía.

Y también, ciertamente, hubo una jornada electoral durante la cual absolutamente todos los ciudadanos con posibilidad de votar pudimos acudir a las urnas y expresar nuestra opinión, ya sufragando a favor de algunas candidaturas, ya anulando nuestras boletas.

Todo lo anterior, sin embargo, no basta para considerar democrático el proceso ni, mucho menos, para otorgarle a quienes asumirán los cargos en juego, el reconocimiento de ser producto de la voluntad popular.

Nadie recibió ayer un mandato por parte de quienes, por ignorancia, disciplina partidista o conveniencia -difícil considerar otra motivación- acudieron a las urnas a depositar su voto. Pero tampoco se trataba de eso: el proceso no fue diseñado para construir una decisión colectiva conforme a las reglas de la democracia.

Para conseguir aquello habría sido necesario conocer proyectos en contraste y ofertas de construcción de un Poder Judicial a partir de premisas en controversia -lo cual es posible, sin duda-, así como observar una contienda real entre quienes “competían” por los cargos.

Nada de eso hubo y ello vuelve imposible considerar, a quienes serán declarados ganadores, sujetos a un mandato popular del cual deba, necesariamente, derivar una conducta específica, en lo individual, y un proceso de transformación, sin duda necesario, de las instituciones responsables de impartir justicia.

No puede por ello, la jornada ayer, recibir el calificativo -manido, es verdad, pero en algún grado cierto- de “fiesta democrática”, regularmente adjudicado a las elecciones ordinarias. Porque, con todos sus defectos, aquellas al menos conservan un grado de sinceridad y lo de ayer fue pura y dura simulación.