Elección judicial: entre abstencionismo, votos nulos y perfiles partidistas

La elección judicial celebrada el 1 de junio ha dejado más dudas que certezas. A pesar del carácter inédito y ambicioso del proceso −el primero en su tipo a nivel nacional para elegir más de 2 mil cargos del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en los estados−, los resultados revelan un sistema aún inmaduro, alejado del ideal democrático que se proponía alcanzar. La baja participación ciudadana, los altos niveles de voto nulo y la creciente influencia de perfiles partidistas exigen un ajuste en el modelo.

De acuerdo con cifras oficiales, la participación en esta elección fue de apenas 12.5 por ciento a nivel nacional, es decir, casi 9 de cada 10 electores decidieron no acudir a las urnas.

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En estados como Coahuila, donde se presentó uno de los niveles de participación más altos, apenas se alcanzó un 24 por ciento. En contraste, los votos nulos superaron el 10 por ciento en varias entidades, un récord en la historia electoral reciente.

La razón, en muchos casos, fue clara: boletas marcadas con leyendas de protesta, tachaduras de todas las planillas o anotaciones que reflejaban una inconformidad evidente con el diseño y los actores del proceso.

Más allá de la frialdad de los números, este comportamiento revela un malestar ciudadano. El diseño de las planillas a nivel local −las cuales tenían nombres repetidos en las tres opciones disponibles−, la escasa difusión sobre los perfiles y sus trayectorias, así como la percepción de que los comicios eran una simulación, fueron elementos que abonaron al descrédito.

Diversos reportes periodísticos, como los publicados por VANGUARDIA, señalaron que entre los perfiles ganadores sobresalen nombres cercanos al partido en el poder, tanto a nivel local como federal.

En el caso de las elecciones federales, algunos de estos nombres fueron sugeridos desde la cúpula partidista y aparecieron incluso en “acordeones” que circulaban entre operadores electorales. La sospecha de una captura política del Poder Judicial, lejos de disiparse con la elección, parece haberse intensificado.

La elección directa de jueces y magistrados es una medida que, en teoría, busca democratizar la justicia y abrir las puertas de un poder históricamente opaco.

Sin embargo, una buena intención mal ejecutada puede generar efectos contrarios. La independencia judicial no puede construirse sobre procesos poco transparentes, ausencia de competencia real ni filtros partidistas.

En un país con profundas desigualdades y una ciudadanía aún limitada en el acceso a la información jurídica, trasladar la responsabilidad de elegir jueces al voto popular exige mucho más que simplemente poner urnas en las calles.

Lo ocurrido el 1 de junio no puede repetirse sin cambios sustantivos. Se deben ajustar los mecanismos de postulación, garantizando criterios técnicos, méritos profesionales y trayectorias éticas verificables.

Además, se requiere una evaluación integral del modelo de justicia democrática que se quiere construir. Tal vez no se trata de descartar el voto ciudadano en la elección judicial, sino de rediseñarlo con mecanismos mixtos, donde haya tanto participación social como contrapesos técnicos, incluyendo exámenes de conocimientos, comparecencias públicas y observatorios independientes.

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El descrédito del Poder Judicial no se soluciona cambiando la forma de elegir a sus integrantes si no se garantiza que quienes lo integren estén ahí por mérito y no por afinidad partidista.

El reto es lograr una justicia autónoma, cercana a la ciudadanía y verdaderamente profesional. Para eso, el modelo actual necesita más que ajustes: requiere una reforma profunda, seria y responsable.