Elección judicial: ¿un derroche injustificado?

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Los recursos utilizados para recoger apenas un puñado de votos en la elección judicial, sin duda pudieron tener muchos otros destinos realmente útiles para la comunidad
Una de las primeras lecciones que aprende cualquier estudiante de economía es la relativa a la “Teoría de la escasez”. De acuerdo con esto, los recursos disponibles en cualquier momento −tierra, trabajo, capital o tecnología− son limitados o finitos, mientras que las necesidades o deseos humanos son ilimitados o infinitos.
De la premisa anterior deriva el reto fundamental que enfrenta todo administrador:¿Cómo distribuir los recursos finitos con los cuales cuenta, de forma que pueda satisfacer las necesidades que enfrenta? La respuesta es más o menos intuitiva y surge de forma natural: no queda otro remedio que priorizar las necesidades.
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Lo anterior es particularmente cierto cuando hablamos delpresupuesto publico y su administracion, pues sin duda en este terreno es posible apreciar, con toda claridad, el dilema entre la escasez de recursos y las necesidades colectivas ilimitadas.
Además, a diferencia de lo que ocurre con nuestro presupuesto personal, o con el de una empresa privada, en el caso público todas las necesidades deben ser obligatoriamente atendidas, porque representan derechos de la ciudadanía o, si se ve desde la perspectiva opuesta, obligaciones del Estado.
Entonces, ¿cómo se prioriza el gasto público ante un dilema como este? Aquí la respuesta no es intuitiva, pero para ello sirven las reglas que se han construido con base en la experiencia:primero lo indispensable, enseguida lo básico, después lo necesario y al final lo superfluo.
El comentario anterior viene un cuento a propósito delproceso judicial electoralcuyas jornadas acabamos de vivir y que, a partir de las cifras de participación registradas, no puede calificarse sino como un gigantesco desperdicio de recursos.
¿Y es que estamos ante?la elección constitucional con la más baja participación de la historiay, por tanto, ante el ejercicio cómico en el cual cada voto depositado en las urnas ha resultado más caro: 583 pesos, de acuerdo con cálculos preliminares.
La pregunta surge sola:¿No existen en el país necesidades mucho más importantes a las cuales destinar los 7 mil millones de pesos que, sólo en costos directos, implicó esta elección tan sólo en el ámbito federal?
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No estamos hablando de una cantidad menor. Sólo para dimensionar:la cifra equivale a un año y medio del presupuesto de Saltillo, es decir, todo el dinero que la capital de Coahuila gastó, en 18 meses, en la atención de todas las necesidades de una comunidad de un millón de habitantes se tiró, literalmente, a la basura en este ejercicio.
Y no es una afirmación retórica, sino un hecho puntual, pues cuando la inmensa mayoría de los electores −87 por ciento del total− decide no acudir a las urnas, sin duda estamos ante la evidencia de que elegir a quienes tengan a su cargo la función judicial no es algo indispensable ni básico y, quizás, tampoco necesario, sino una superfluidad.