En Coahuila el Poder Judicial se usa para silenciar medios

Nada hay que dañe más a una democracia que el uso de las instituciones públicas, en particular el sistema de justicia, con fines facciosos. Desvirtuar la naturaleza de los procesos jurisdiccionales erosiona de forma grave los cimientos mismos de la democracia y nos coloca a todos en estado de indefensión.

Y cuando esta conducta se registra de forma reiterada, con el propósito avieso de doblegar el periodismo libre, la situación alcanza niveles que deben provocar alarma general.

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VANGUARDIA es un medio de comunicación que durante casi medio siglo ha empeñado sus esfuerzos por contribuir al mejoramiento de nuestra sociedad y, en ese proceso, ha hecho lo que debe hacer la prensa que está al servicio de las mejores causas colectivas: asumir una posición crítica hacia el poder público y denunciar los excesos y desvíos en que incurren quienes carecen de la vocación de servicio, indispensable para desempeñarse en éste.

La realización de esta labor ha exacerbado, en no pocos momentos, la tensa relación que de forma natural se registra en el mundo democrático entre los gobernantes y los periodistas. Siempre hemos estado dispuestos a afrontar los riesgos que ello implica y, por ello, hemos adoptado una actitud profesional que implica, por un lado, mantener nuestro trabajo periodístico apegado a las reglas del oficio y, por el otro, hacer uso de las herramientas legales de las que disponemos para hacer frente a las embestidas.

Sin embargo, cuando las pulsiones autoritarias rebasan todo límite tolerable, llega el momento de alzar la voz y denunciar, sin ambigüedades, aquello que claramente constituye un ataque a la libertad de expresión y tiene, como único propósito, someternos al control de intereses facciosos.

Eso justamente ocurrió ayer, cuando la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia dictó en nuestra contra un fallo de segunda instancia que obedece exclusivamente a los intereses del exgobernador Humberto Moreira Valdés, a partir de un caso que constituye una fabricación que ni siquiera debió ser admitida a juicio.

No es la primera ocasión que esto ocurre. Hace ocho años, el Poder Judicial de Coahuila también se puso al servicio del mismo personaje para intentar el mismo objetivo que hoy se persigue: despojarnos de los inmuebles en los cuales realizamos cotidianamente nuestra labor periodística.

Mantendremos nuestra postura: buscaremos ahora la protección de la Justicia Federal, confiando en que se trata de un espacio en el cual es posible encontrar juzgadores imparciales y honestos que podrán ver lo que es evidente para cualquiera con un mínimo de compromiso con la verdad: el caso construido en nuestra contra es una invención.

Al mismo tiempo, sin embargo, vamos a denunciar en todos los foros, nacionales e internacionales, la grave situación del sistema de justicia en Coahuila, cuyos integrantes han decidido colocarse de espaldas a los principios jurídicos y democráticos que debieran defender.