Combatir la corrupción, una asignatura pendiente en México

“La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Por ejemplo: socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos.

“También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los ‘gastos iniciales’ requeridos por la corrupción”.

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La descripción anterior corresponde a uno de los textos con los cuales la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expone la necesidad de dedicar esta jornada −9 de diciembre− a reflexionar respecto del grave problema social que en el mundo representa el fenómeno de la corrupción.

En México en particular −y en la expresión está incluido Coahuila−, discutir el problema en voz alta y reflexionar sobre su combate constituye una asignatura obligada porque se trata de uno de los rubros del quehacer público en el que hemos fracasado con mayor estrépito.

Y es que si de algo tiene constancia la ciudadanía, en todas las comunidades del país, es cómo quienes tienen a su cargo las instituciones públicas y, por ende, debieran constituir el primer valladar en contra de la corrupción, son quienes en primerísimo lugar incurren en esta reprochable conducta.

Lo más paradójico del hecho es que, si uno pregunta a los políticos −de todos los signos ideológicos− su postura con relación a la corrupción, se encontrará con una muralla exenta de fisuras: todos, sin excepción, están por combatirla y no dudan en establecer compromisos en este sentido.

En 2018, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador señaló, desde la noche misma de su victoria electoral, que “la misión principal de su gobierno” sería erradicar la corrupción en México. Un sexenio después, la meta no solamente no se logró, sino que el gobierno del tabasqueño concluyó con un importante número de escándalos de corrupción que incluso involucraron a sus propios hijos, además de hermanos y otros parientes.

Por lo que hace al actual gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido el compromiso de encabezar “un gobierno íntegro y libre de corrupción” para lo cual, entre otras medidas, habrá de “establecer un modelo ejemplar de fiscalización del servicio público”, lo cual constituye un reconocimiento explícito sobre la persistencia del fenómeno.

A nivel local, los señalamientos relativos a hechos de corrupción en los gobiernos municipales, el estatal o los organismos paraestatales o paramunicipales, no hacen sino acumularse día tras día y mes tras mes.

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El común denominador en todo ello es la existencia de un amplio manto de impunidad que, además de librar de castigo a quienes se benefician ilegalmente de su estancia en el servicio público, alienta a otros a sumarse a esta lesiva práctica.

El desalentador panorama, sin embargo, no puede conducirnos a bajar los brazos y renunciar a la posibilidad de que la corrupción sea combatida con eficacia. Dediquemos este día a reflexionar sobre ello.