¿Entre más juristas, más justicia?
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El profesional del Derecho es una garantía fundamental para el acceso a la justicia. La identificación, solución y evaluación de los problemas de vivir en un estado de derecho, requiere de personas juristas que se encarguen de hacer, de manera profesional, leyes justas y de aplicarlas e interpretarlas de manera sensible, efectiva y razonable para resolver adecuadamente los casos concretos.
La abogacía, en efecto, es imprescindible para una sociedad justa. Si una persona es acusada por un delito, requiere de un abogado para defenderla. Una víctima, igualmente, necesita asesoría adecuada para defender sus derechos fundamentales. Si a una persona le embargan sus bienes, le exigen que tiene que pagar una deuda, el abogado es clave para que no le priven de su patrimonio en forma indebida. Si un legislador necesita hacer una ley para resolver un problema social, necesita de peritos en Derecho para darle forma a las normas que se convertirán en voluntad general. Los jueces, finalmente, deben ser peritos en las leyes si se quiere vivir con certeza, igualdad y racionalidad.
Las personas abogadas, por tanto, somos necesarias para hacer realidad la justicia que le corresponde a cada quien. Sin la pericia legal, los derechos de las personas están sujetos a la arbitrariedad del más fuerte. Los juristas, sin duda, somos la voz justa que debemos instrumentar la razón del Derecho para evitar el desvío del poder.
Un mal abogado es fuente de una mala práctica de la ley, sea en su diseño, en su aplicación por una inadecuada política pública, o en su interpretación por una mala sentencia. Las malas prácticas de la ley perpetúan la arbitrariedad.
Hay, sin embargo, un problema de fondo en la producción de los juristas. ¿La buena abogacía está ligada a la cantidad o a la calidad?
Nuestro país, por ejemplo, es una mala fórmula de cantidad: hay miles de personas que egresan cada año de la carrera de leyes, pero en realidad son muy pocos los que ofrecen una buena calidad profesional para asegurar el acceso a la justicia.
LA FÁBRICA DE JURISTAS
En México, cada semana en promedio se abre -por lo menos- una nueva escuela de Derecho. La Licenciatura en Derecho es la segunda carrera profesional con mayor demanda. Casi medio millón de personas son profesionales en Derecho.
Hay más de 2 mil escuelas de derecho en el país. La mayoría son privadas. En Coahuila, más de mil personas solicitan ficha en la UAdeC, para cursar la carrera en Derecho en Saltillo, Torreón o Piedras Negras. El acceso a la educación pública, sin embargo, no es suficiente porque se cubre menos del 20 por ciento, de tal manera que la gran mayoría de las personas que estudia leyes, lo tiene que hacer por la vía de la educación privada.
A diferencia de otros países como Alemania, México es uno de los que más oportunidades de egreso ofrece a los profesionales del Derecho. Pero, ¿la gran cantidad de juristas nos asegura su calidad profesional? Mi percepción es que no.
Entre más abogados producimos, menos calidad tenemos. Esta mala producción de juristas plantea un problema de fraude profesional. Muchas carreras de Derecho no ofrecen programas educativos de calidad, ni mucho menos profesores que realmente aseguren un proceso de enseñanza contemporáneo del Derecho.
Los jóvenes, desafortunadamente, aprenden en las malas escuelas del Derecho los principales vicios de su profesión. No saben resolver los problemas jurídicos actuales que demanda la sociedad.
¿Es necesario plantearnos una educación jurídica, diferente a la tradicional? Sí. Necesitamos escuelas de Derecho con gran calidad. De lo contrario, el precio que seguiremos pagando es la violacion estructural de la justicia, porque sus principales operadores son los principales perpetradores del Derecho.
En mi próxima entrega te explicaré el vicio que ha generado la mala abogacía mayoritaria: el perfil “contra natura iuris”.