EU-México: Stephen Miller y el cambio de juego

Un giro en la política norteamericana hacia un modelo aún más conservador y ultranacionalista está imponiendo nuevos ejes espinosos entre Washington y el gobierno Sheinbaum. La acusación contra un gobernador mexicano en funciones por primera vez en la historia es un ejemplo de cómo se envenena la agenda binacional.

Esta columna obtuvo comentarios de analistas asentados en Washington con acceso a los incidentes que registra la diplomacia a ambos lados de la frontera. Desde ahí ven en el flanco mexicano una estrategia con carga ideológica contraria a la Casa Blanca. Aluden a reportes estadounidenses sobre actores dentro y fuera de Palacio –el Congreso, Morena, gobernadores–, que están pidiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum escalar la confrontación como presunta fórmula para evitar nuevas acusaciones estadounidenses contra políticos mexicanos por vínculos con el crimen organizado.

El choque de ambas dinámicas, dijeron estas fuentes, ha tenido ya como daño colateral un deterioro en la interlocución con el embajador estadounidense Ronald Johnson.

Un personaje esencial referido para entender el nuevo escenario es Stephen Miller, con pensamiento de extrema derecha, subjefe de gabinete del presidente Trump y asesor en temas de seguridad nacional. La creciente influencia de este hombre de apenas 40 años ha hecho que actores protagónicos como Marco Rubio, responsable de la diplomacia estadounidense, se contengan antes de objetar el endurecimiento de políticas.

Criado curiosamente por una familia judía liberal en Santa Mónica, California, una ciudad con gran diversidad étnica –a 25 kilómetros de Los Ángeles–, a Miller se le atribuye la estrategia de deportación de indocumentados, así como la autoría de los discursos de Trump en la materia que lo ayudaron a ganar su primera presidencia en 2016 y regresar en 2024.

Las fuentes referidas aseguraron que la influencia Miller ha crecido tanto que alentó la denuncia penal al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve acusados. Se trata de un proceso, dijeron, con vida propia “que no podrá apagarse” en el futuro.

La difusión pública de esta denuncia, el 29 de abril, fue motivo de un reclamo del gobierno Sheinbaum al embajador Johnson, parte de un ciclo de roces iniciado en enero tras la invasión militar norteamericana a Venezuela que derivó en el derrocamiento de Nicolás Maduro. México emitió una condena en solitario, el 3 de enero, ante lo cual Johnson transmitió un mensaje de incomodidad. En una fecha inmediata, la diplomacia mexicana armó una nueva declaración, acompañada de otros cinco países.

El 12 de enero, por conducto de Johnson, se concertó una llamada entre Sheinbaum y Trump. De acuerdo con las fuentes referidas, el estadounidense se presentó en Palacio con el ánimo de participar en la cita telefónica, lo cual no está permitido en el protocolo diplomático mexicano. Debió esperar a que la conversación terminara para reunirse con la Presidenta.

El 23 de abril se dio a conocer la denuncia contra Rocha y coacusados, lo que causó un sismo en la relación binacional. La crisis cobró la más alta gravedad el 7 de mayo, cuando la cadena norteamericana CBS reveló que Washington “revisaría” las actividades de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, por supuestas acciones de propaganda “en contra del gobierno norteamericano”.

En ese pico de tensión, dijeron las fuentes, México solicitó una nueva cita telefónica entre Sheinbaum y Trump, que se concretó el 15 de mayo sin la gestión de Johnson. En esa llamada, ambos mandatarios habrían expresado inquietud por el tono alcanzado en la polémica, y acordaron reactivar visitas pendientes de funcionarios estadounidenses, en particular la del secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin.

Este funcionario habría reportado a la Casa Blanca que su reunión con Sheinbaum Pardo, el 22 de mayo, generó “planteamientos directos y francos” de los interlocutores, en los temas que a cada uno preocupan.