Facilitar la inversión, el empleo de calidad y reducir el impacto ambiental mediante una nueva Ley: Caso en Saltillo

Imaginemos un caso muy común en nuestra región. Una empresa internacional pondrá una filial en Saltillo; llamémosla “Autopartes Derramadero”. Esta empresa ya opera con éxito otra planta en Nuevo León y quiere expandirse a Coahuila para aprovechar nuestra mano de obra calificada.

Sin embargo, al llegar, se topa con un problema: aunque las leyes de Nuevo León y Coahuila buscan proteger el ambiente, las reglas son diferentes. Los trámites, los requisitos para manejar residuos y los estándares de cumplimiento no coinciden. Esto provoca que la empresa tenga que contratar consultores adicionales, aprenderse un reglamento nuevo desde cero y dedicar meses a “traducir” sus procesos para cumplir con la norma local.

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Resultado: La inversión se retrasa. Se pierde tiempo y dinero valioso solo en entender la burocracia diferente de cada estado. Esta fragmentación normativa crea fronteras invisibles que hacen más lento el crecimiento económico.

La solución: “reglas del juego” parejas para todos. La nueva Ley General de Economía Circular, que tuve el honor de presentar en la Cámara de Diputados el pasado 20 de noviembre y a la cual se sumaron diputados de todos los partidos políticos, incluyendo la oposición, viene a resolver esto. Su objetivo principal es poner “piso parejo” en todo el País y aumentar los estándares de cumplimiento ambiental hasta niveles de excelencia mundial.

¿Qué cambia para el inversionista? Con esta Ley, las reglas básicas serán las mismas en todo México. Si la empresa “Autopartes Derramadero” que se instale aquí ya cumple con la Ley General en su planta de Nuevo León, sabrá exactamente qué esperar al llegar a Saltillo. No habrá sorpresas ni curvas de aprendizaje. Esto facilita que las inversiones aterricen más rápido.

Pero no solo eso: también se eleva la exigencia de responsabilidad ambiental y se genera una hoja de ruta para que las empresas puedan hacerse cargo en forma paulatina y realista.

Actualmente, muchas empresas fabrican, venden y se olvidan del producto. La nueva Ley introduce un concepto llamado Responsabilidad Extendida del Productor.

En palabras sencillas: significa que la empresa sigue siendo responsable del impacto de su producto incluso después de venderlo. En la práctica: “Autopartes Derramadero” tendrá que presentar un plan donde explique cómo sus piezas pueden reciclarse o reutilizarse al final de su vida útil y, de no contemplarlo, tendrá que hacerlo. Ya no se vale diseñar cosas para que se vuelvan basura inútil a los pocos años.

Saltillo ya cuenta con muchas empresas dedicadas a recolectar cartón, plástico y metales. Esta Ley no viene a reemplazarlas, sino a hacerlas crecer y profesionalizarse. La Ley implica para las grandes fábricas la necesidad de incorporar material reciclado en sus productos (lo que técnicamente se llama “materias primas secundarias”). En nuestro ejemplo, “Autopartes Derramadero” necesitará comprar plástico reciclado de calidad. ¿A quién se lo comprará? A las recicladoras locales que ya existen o a otras nuevas que se establezcan y cumplan los requerimientos. Esto impulsará a los recolectores locales a mejorar sus procesos para venderle a la gran industria, garantizando contratos más seguros, mejores precios por sus materiales y mayor formalidad. Pasarán de ser “chatarreros” a ser proveedores industriales certificados y se crearán empleos verdes de calidad.

Finalmente, la Ley es realista y plantea una ruta factible. La Ley entiende que cambiar cuesta dinero. Por eso, no solo se trata de prohibir, sino de premiar a quien lo haga bien, con:

-Estímulos fiscales: Si la empresa demuestra que está innovando para contaminar menos, puede recibir beneficios fiscales.

-El “Sello de Calidad” (distintivo): La empresa podrá ganarse un Distintivo Nacional de Economía Circular. Este sello le servirá para presumir ante sus clientes y ante el gobierno que es una empresa limpia y moderna, dándole preferencia en ventas al sector público y, previsiblemente, acceso preferente a mercados mundiales.

En conclusión: Esta propuesta de Ley, que muy probablemente se aprobará durante el próximo año, no solo implica reducir los impactos ambientales de la actividad económica, sino que también reduce y facilita los trámites burocráticos y prepara a la industria para el futuro inmediato de competitividad mundial, donde la responsabilidad ambiental toma un papel cada vez más importante.

El mundo está cambiando. Mercados como el de Europa o Asia, e incluso nuestros socios del T-MEC, exigen cada vez más que los productos que compran sean “verdes” y sustentables. Al adoptar estas normas hoy, estamos asegurando que lo que se fabrica en Saltillo, y en todo México, cumpla con los estándares mundiales más exigentes. Esto garantiza que nuestras empresas sigan exportando, que los empleos se mantengan aquí y que nuestra región sea un imán para la inversión de calidad, capaz de competir con cualquier lugar del mundo.