Financiar obras públicas: el secreto está en el costo

El mayor reto que enfrenta el sector público, en cualquier país del mundo, para el desarrollo de obras de infraestructura, es el relativo a su financiamiento. Los recursos, como se sabe, son siempre escasos y las necesidades de gasto son siempre superiores al presupuesto.

Frente a esta realidad, el abanico de respuestas es muy concreto y se reduce, en esencia, a una alternativa: el financiamiento externo. Aquí, sin embargo, las posibilidades son variadas e incluyen desde la contratación de créditos hasta la participación de inversionistas privados en diversos esquemas.

En todos los casos, sin embargo, la variable que es preciso evaluar es siempre la misma: el costo financiero de dichos esquemas. Y aquí es preciso tener clara una cosa: no existe esquema alguno en el cual el financiamiento externo sea “gratis”.

En otras palabras: ya se trate de una institución financiera que otorgue un crédito o un inversionista privado que se haga cargo –en todo o en parte– de la obra, el proyecto implicará, en todos los casos, la obtención de una “ganancia” por parte de quien aporta los recursos.

Se trata, desde luego, de un esquema perfectamente legal y, en última instancia, de una situación lógica: nadie va a invertir dinero propio en una obra pública sin recibir nada a cambio.

El comentario viene al caso a propósito de la aprobación, por parte del Congreso de Coahuila, de un nuevo esquema de financiamiento para la ejecución de obras públicas en la entidad: el de “pagos a plazos preestablecidos”, el cual implica que un ente privado se haga cargo del financiamiento total de obras de infraestructura a cambio de un contrato de pago en parcialidades.

El esquema implica, en términos simples, que un particular financie hasta el 100 por ciento de una obra y los servicios inherentes a su ejecución, y luego recupere su dinero mediante la recepción de pagos fijos. Exactamente igual que si se pidiera un préstamo, pero sin la intervención de una entidad financiera.

Lo que debe tenerse en cuenta con esta nueva modalidad es que lo único que se ha hecho es ampliar el abanico de financiadores de obras, incluyendo a particulares a quienes solamente se les exigirá, según se desprende del documento aprobado por el Congreso, que sean “Contratistas Salarialmente Responsables”, es decir, que sus empleados perciban, cuando menos, el equivalente a 1.18 veces el salario mínimo general vigente en Saltillo.

¿Será esta una modalidad que permitirá acceder a un financiamiento más barato que si se contratara un crédito bancario? La respuesta a esta interrogante sólo podrá saberse de manera casuística, es decir, contrastando, en cada caso, con las alternativas.

Cabría esperar, desde luego, que esto sea lo que ocurra pues, en todos los casos, el sector público está obligado a garantizar las mejores condiciones para el interés público y eso quiere decir sólo una cosa: escoger la opción que resulte menos costosa en términos financieros.