¿Fortalecer al municipio? Lo que viene
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Es necesario garantizar autonomía y viabilidad financiera a los ayuntamientos, profundizar la descentralización administrativa y convertir a estados y municipios en agentes de desarrollo social y crecimiento económico
Es común escuchar hoy sobre los problemas presupuestarios de los ayuntamientos en México. Nuestros más de 2 mil 500 municipios, algunos con características muy diferentes entre sí –incluyen los casos del sur del país, particularmente en Oaxaca, donde una gran cantidad de ellos se rige por usos y costumbres–, reciben recursos presupuestarios, pero no siempre suficientes para sus necesidades.
Hace tiempo, desde el Colegio Nacional de Economistas, intentamos apoyar un diálogo relevante con las autoridades municipales e inclusive con secretarios de finanzas y gobernadores. Es común escuchar de la coexistencia de varios Méxicos, lo cual implica la conformación de una nueva arquitectura entre federación, estados y municipios, basada en la confianza, credibilidad y versatilidad.
Tal situación compromete a servidores públicos, legisladores, académicos e investigadores a avanzar en la municipalización y revisar su impacto en el sistema federal del país. Hoy más que nunca están dadas las condiciones para el rediseño del federalismo, la normalización de la alternancia política, el creciente pluralismo regional, la madurez en las relaciones intergubernamentales, la demanda de mayor participación ciudadana y la rendición de cuentas. Es ineludible.
Para ello es necesario garantizar autonomía y viabilidad financiera a los ayuntamientos, profundizar la descentralización administrativa y convertir a estados y municipios en agentes de desarrollo social y crecimiento económico, redistribuyendo facultades y recursos entre los tres órdenes de gobierno.
En muchos estados, particularmente Guerrero durante la gestión de Zeferino Torreblanca, se hicieron proyectos para que los municipios más relevantes se agruparan en programas propios con el apoyo del gobierno estatal. En Oaxaca, mi estado, promovimos esto a sabiendas de que 570 municipios son una demasía. Con el apoyo del Estado recorrimos la entidad para impulsar la coordinación entre los ayuntamientos y la administración estatal, así como el acceso a recursos fiscales y federales. La clave era visitarlos a todos.
Hablábamos entonces de una reforma hacendaria que pusiera fin a la centralización tributaria extrema de la Federación y diera a cada orden de gobierno los incentivos correctos para un desarrollo integral, sin la dependencia exagerada de las transferencias federales.
En Guerrero se creó un fondo financiero común entre un gran número de municipios para acceder a créditos respaldados por el colectivo. A propósito de esto, va una anécdota: siendo funcionario de Hacienda, llegó a mi oficina un grupo de guerrerenses reclamando recursos que “un gobernador no les había pagado”. Les expliqué que eso ya estaba cubierto, que el adeudo correspondía a Rubén Figueroa, exgobernador por el PRI, y que el mandatario vigente, Zeferino Torreblanca, promovía el fondo colectivo. Contestaron que no reclamaron antes porque aquel era de su partido y este de la oposición. Les respondí que eso era una falacia y que los recursos debían aplicarse con honestidad.
Los presidentes municipales tienen periodos de tres años, salvo en los municipios regidos por usos y costumbres de Oaxaca, donde el interino duraba un año porque generalmente no recibía sueldo.
Pienso que la única manera de que la descentralización fortalezca la democracia es mediante la democratización de todas las instancias de decisión y ejecución. De nada sirve repartir recursos si quienes los reciben los utilizan para mantener viejos privilegios.
Fui secretario de Finanzas de Oaxaca entre 1986 y el cambio de siglo, donde logramos fondos suficientes para el cierre de la administración y los entregamos al gobierno entrante para que empezara de manera correcta. Queda la pregunta: ¿verdaderamente mayores recursos y una mayor descentralización de facultades producen mejores resultados, o ese avance se traduce más en ganancias políticas o personales que en utilidades sociales para la gente?