La corrupción ha sido, históricamente, un signo distintivo del servicio público en México. El aprovechamiento de las posiciones de poder para construir y acrecentar fortunas personales es un guion que todos los mexicanos hemos visto desarrollarse en todos los rincones del país.
La conducta tiene múltiples manifestaciones: desde quienes cobran en la nómina pública sin desempeñar ninguna tarea en beneficio de la sociedad, hasta quienes convierten a las instituciones públicas en cómplices de empresas delictivas.
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En todos los casos la corrupción implica un daño social y en todos los casos ello deriva de un hecho central: el abandono de las responsabilidades públicas que se juran cumplir al asumir un cargo en la estructura gubernamental.
Sin embargo, aunque todos los actos de corrupción resultan perjudiciales, existe una gradación en el perjuicio que causan y que es medible a partir de elementos objetivos. Así pues, no es lo mismo ser “aviador” en la nómina del servicio de limpieza de un municipio que aliarse con delincuentes desde un alto puesto en la estructura del Gobierno de la República.
La magnitud del perjuicio que se genera no es la misma, por ello el reproche −y el castigo− que merecen quienes incurren en una y otra conducta deben ser diferentes. Por ello mismo, es imprescindible garantizar que la corrupción, en los altos niveles del gobierno, sea combatida con mayor eficacia.
El comentario viene al caso a propósito del hecho que hoy está en boca de todos: la sentencia, a casi 39 años de prisión, impuesta ayer a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
Lo más importante que debe decirse en torno al caso es que no fueron las autoridades mexicanas las que armaron carpetas de investigación y procesaron a García Luna. Fueron autoridades estadounidenses, a partir de hechos que tuvieron repercusiones en el vecino país.
Puntualizar lo anterior es necesario porque, aun cuando múltiples voces se alcen para celebrar el hecho, e incluso se autoelogien diciendo que señalaron largamente a García Luna por delitos similares a los que le valieron ser encontrado culpable en una corte estadounidense, este caso no constituye, en modo alguno, un triunfo de la justicia mexicana.
Habrá quienes obtendrán dividendos políticos del hecho en nuestro país y seguirán usándolo −con razón, desde luego− para “demostrar” cómo en el pasado la corrupción campeaba en el país.
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Sin embargo, lo que hace falta es que conductas como las de García Luna sean investigadas, perseguidas y castigadas en nuestro país, algo que es sumamente infrecuente. Porque la corrupción, como la hemos conocido toda la vida, sigue gozando de cabal salud.
Cabría esperar por ello que, al mismo tiempo −y con el mismo entusiasmo− que se festina la condena en Estados Unidos, se establezca aquí un compromiso claro y sin fisuras para hacer lo mismo con los muchos “García Luna” que siguen ocupando cargos relevantes en la estructura gubernamental mexicana.
