Gasolina a 24 pesos, ¿con precios sujetos al mercado?

El control de precios, se ha dicho en todos los tonos posibles y a lo largo de muchos años, es incompatible con la economía de libre mercado. O, para decirlo con mayor claridad, si se pretende que un bien o servicio −cualquiera que este sea− tenga un precio estable, es necesario sacarlo del mercado y convertirlo en un bien “público”, es decir, controlado por el Estado.

Eso ocurre, por ejemplo, con el precio del servicio del transporte allí donde el sistema operador es público. Un ejemplo de ello es el Metro de la Ciudad de México, donde el precio del servicio se fija al margen de los costos que tiene la operación del sistema.

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Pero para que el modelo funcione es necesario inyectarle dinero público, es decir, establecer un subsidio para el bien o servicio en cuestión pues, por regla general, el precio del mismo se establece por debajo de los costos de operación y ello implica que el modelo opera permanentemente con pérdidas, que es necesario compensar para que subsista.

Un esquema de esta naturaleza, es decir, de precios “controlados”, admite la participación de la iniciativa privada, desde luego, pero solamente existe una forma de que ello ocurra: que quienes formen parte del modelo tengan asegurado un margen de utilidad... que necesariamente depende de la existencia de un subsidio gubernamental.

La razón de ello es simple: resulta absurdo y carente de toda lógica el considerar la posibilidad de que un empresario participe de un negocio en el cual pierda dinero de forma consistente, pues ello lo conduciría necesariamente a la quiebra.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la entrada en vigor, hoy, del acuerdo denominado “política nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México”, que anunció recién el Gobierno de la República.

El acuerdo, como se ha informado, persigue un objetivo concreto: mantener el precio de la gasolina Magna en 24 pesos, como máximo, al menos durante los próximos seis meses. La intención ulterior de tal estrategia es, en esencia, contener la inflación, dado que el precio de las gasolinas es uno de los que más influyen en el incremento de los bienes y servicios.

Hasta ayer, de acuerdo con los datos que hoy publicamos, el 60 por ciento de las estaciones de servicio que operan en la mancha urbana de Saltillo mantenían el precio del referido combustible por encima del límite que se pretende fijar a través del citado acuerdo.

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¿Se va a mover ese precio solamente porque hoy entre en vigor la referida “política nacional”? Desde ahora puede adelantarse que sólo ocurrirá tal si el Gobierno Federal garantiza un precio de venta del combustible, comercializado por Pemex, que asegure a los propietarios de las estaciones de servicio una ganancia razonable, la cual ellos han fijado en dos pesos por litro.

Si se realizan los ajustes necesarios para ello, habrá gasolina a 24 pesos máximo. De lo contrario, seguirán operando las reglas del mercado.