Guerra y clima

Por Robert Muggah, Carlos Nobre, y Johan Rockström, Project Syndicate.

RÍO DE JANEIRO- A los seis meses del inicio de la guerra con Irán, el enfrentamiento en el estrecho de Ormuz sigue sacudiendo la economía mundial. Los operadores bursátiles y los gobiernos están atentos a cualquier indicio de escalada, mientras que los hogares y las empresas pagan más por el combustible y temen la escasez de energía. Pero la guerra también está teniendo un impacto medioambiental más profundo, aunque menos visible, al hacer aumentar las emisiones de dióxido de carbono y socavar la cooperación internacional en materia de cambio climático. Y, a diferencia de los altos precios del petróleo, esos costes no desaparecerán cuando termine la guerra.

Irán, por supuesto, es solo uno de los focos de tensión geopolítica. Actualmente hay 65 conflictos armados activos entre Estados en todo el mundo, la cifra más alta desde que se tienen registros, en 1946. Aunque Oriente Medio y Ucrania acaparan los titulares, las guerras civiles en Sudán y Myanmar siguen en pleno apogeo. El gasto militar mundial aumentó por undécimo año consecutivo en 2025, alcanzando casi 2,9 billones de dólares. Por el contrario, la ayuda oficial al desarrollo se redujo en más de un 23 % en términos reales, el mayor descenso anual jamás registrado.

Mientras tanto, la crisis climática sigue agravándose. Los últimos tres años han sido los más cálidos de la historia, y todos los años comprendidos entre 2015 y 2025 figuran entre los once más cálidos jamás registrados. Un informe de 2025 del Planetary Boundaries Science Lab reveló que siete de los nueve límites planetarios de la Tierra se han superado, siendo la acidificación de los océanos la última en salir del rango de seguridad. Una intensificación de El Niño podría empeorar la situación, calentando un planeta que ya es excepcionalmente cálido y aumentando la probabilidad de sequías devastadoras, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Las emisiones relacionadas con los conflictos siguen sin reflejarse adecuadamente en la contabilidad climática, lo que dificulta estimar el impacto medioambiental total de la guerra de Irán. Las emisiones militares suelen declararse de forma incompleta, si es que se declaran, y rara vez son objeto de escrutinio. Un análisis de 2026 de 263 estudios independientes reveló que más del 90 % de las emisiones vinculadas a operaciones militares y conflictos no se contabilizan. Los métodos están mejorando, pero las estimaciones siguen variando en función de lo que se considere actividad militar y de cómo se evalúen los daños en las infraestructuras.

A principios de este año, un análisis del Climate and Community Institute estimó que los primeros 14 días de combates entre Estados Unidos, Israel e Irán generaron más de cinco millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono equivalente (_CO₂e), más de lo que emite Islandia en un año. Las emisiones han seguido aumentando desde entonces, aunque no existe una estimación comparable para la guerra en su conjunto.

La huella de carbono de la guerra seguirá creciendo una vez que cesen los combates. La reconstrucción de carreteras, viviendas e instalaciones industriales dañadas requiere la producción de grandes cantidades de cemento y acero, materiales con una elevada intensidad de carbono. Un estudio de 2024 reveló que la reconstrucción de posguerra puede generar una enorme huella de carbono, que en algunos casos puede equipararse a las emisiones de un país antes de la guerra.

Además, está el legado tóxico de la guerra. Los ataques contra refinerías e instalaciones petroquímicas pueden liberar compuestos de azufre, metales pesados y otros contaminantes al aire y al agua, contaminando suelos, acuíferos y ecosistemas costeros en una región que ya sufre calor extremo y escasez de agua. Las columnas de humo pueden desaparecer de las imágenes de satélite en cuestión de días, pero la contaminación puede durar generaciones.

Los efectos indirectos de la guerra pueden ser aún más perjudiciales. Las guerras destruyen los activos materiales, pero también alteran los cálculos que subyacen a la política energética. Cuando las rutas establecidas dejan de ser fiables, los gobiernos y las empresas recurren a fuentes de suministro que consideran seguras y políticamente manejables, aunque eso signifique utilizar combustibles más contaminantes.

En este sentido, el cierre del estrecho de Ormuz marca un punto de inflexión. El tráfico marítimo por esta vía se ha visto gravemente reducido desde que comenzó la guerra el 28 de febrero y se paralizó de nuevo a principios de julio, lo que provocó lo que la Agencia Internacional de la Energía describió como la “mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo”. Los precios del petróleo superaron los 110 dólares por barril. El efímero alto el fuego entre EE. UU. e Irán reabrió brevemente el estrecho y hizo bajar los precios, pero desde que se rompió y expiró el plazo para las negociaciones, el tráfico marítimo se ha visto interrumpido de nuevo y los mercados energéticos mundiales se han visto sometidos a una renovada presión.

El atractivo resistible del “rey del carbón”

Aunque un solo incidente naval puede ahora desencadenar una crisis energética mundial casi de la noche a la mañana, los gobiernos y los mercados siguen confiando en un suministro fiable de combustibles fósiles. En julio, por ejemplo, la Administración de Información Energética de EE. UU. previó que los precios del Brent caerían hasta los 74 dólares en el tercer trimestre; días después, los nuevos ataques estadounidenses dejaron obsoleta esa previsión.

Por temor a la escasez energética, muchos gobiernos están respondiendo a la crisis recurriendo en mayor medida a los combustibles fósiles. Las centrales de carbón cuyo cierre estaba previsto podrían permanecer ahora en funcionamiento, la capacidad inactiva podría reactivarse y los contratos de gas de emergencia podrían acabar convirtiéndose en permanentes.

Ya se aprecian indicios de este resurgimiento de los combustibles fósiles. Varios países han aumentado la generación a carbón o han retrasado el cierre de centrales en los últimos meses, repitiendo la carrera por los combustibles fósiles que siguió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. En mayo, 109 países habían anunciado medidas relacionadas con la energía en respuesta a la guerra. Casi 20 gobiernos introdujeron medidas estructurales para mejorar la eficiencia o acelerar la electrificación, pero la mayoría de estas intervenciones tenían como objetivo ahorrar combustible y proteger a los consumidores. Si bien algunas medidas pueden ayudar a amortiguar el impacto, también corren el riesgo de afianzar las mismas dependencias que provocaron la crisis en primer lugar.

Cabe destacar que esta es la primera gran crisis del petróleo en la que existen alternativas limpias disponibles para el mercado masivo. La crisis puede hacer que el carbón y el gas natural resulten más atractivos a corto plazo, pero con el tiempo también podría minar la confianza en los combustibles fósiles importados y reforzar los argumentos políticos y económicos a favor de la electrificación.

Esto no quiere decir que la transición hacia la energía limpia vaya a ser un camino de rosas. Las baterías, los paneles solares y las turbinas eólicas dependen de minerales críticos producidos y procesados a través de cadenas de suministro globales altamente concentradas. Según una estimación reciente, la aplicación plena de los controles de exportación de tierras raras por parte de China podría poner en riesgo 6,5 billones de dólares en producción anual en sectores derivados fuera de China.

Algunas de estas vulnerabilidades suelen pasarse por alto en los debates sobre política energética, ya que implican insumos poco conocidos como el azufre y el ácido sulfúrico, que son esenciales para la producción de fertilizantes fosfatados y para el procesamiento del cobre, el cobalto y el níquel. Oriente Medio produce alrededor de una cuarta parte del azufre mundial, y casi la mitaddel suministro transportado por mar pasa por el estrecho de Ormuz. Las recientes interrupciones ya han llevado a China a restringir las exportaciones de ácido sulfúrico, lo que ha elevado los costes en las cadenas de suministro tanto de minerales como de fertilizantes.

La electrificación y la producción alimentaria también se han puesto de manifiesto a cadenas de suministro concentradas y cuellos de botella marítimos, la rapidez se ha convertido en un factor crucial. Mientras que una terminal de GNL o una central térmica pueden tardar años en completarse, los paneles solares en tejados, las baterías y las mejoras de eficiencia pueden implantarse mucho más rápido.

La energía limpia, sin embargo, sigue viéndose limitada por los elevados costes de financiación, los retrasos en la concesión de permisos, unas redes eléctricas inadecuadas y unas cadenas de suministro concentradas. Aun así, los paneles solares y las baterías pueden instalarse poco a poco sin esperar a que entre en funcionamiento un único gran proyecto.

Reforzar la fabricación nacional podría ayudar a abordar algunos de estos problemas, pero producir todos los minerales y componentes en el propio país resultaría prohibitivamente caro y poco realista. En lugar de buscar la autosuficiencia, los países deberían construir cadenas de suministro diversificadas que puedan sobrevivir a la pérdida de un proveedor sin que el sistema se paralice.

Las alternativas al petróleo también conllevan sus propios costes medioambientales. Pensemos en los biocombustibles. Cuando suben los precios del petróleo y el gas, el maíz, el aceite de palma, la soja y el azúcar se vuelven más atractivos, ya que pueden integrarse fácilmente en los sistemas de combustible existentes. Pero talar bosques ricos en carbono para hacer sitio a los cultivos destinados a combustible puede generar una deuda de emisiones que tardaría décadas en saldar.

Además, el aumento de la demanda de biocombustibles no se traduce necesariamente en precios más altos de los cultivos. Lo que los agricultores ganen realmente depende de las disposiciones gubernamentales, la capacidad de refinado y los mercados de materias primas. Y cuando los precios de los cultivos suben, también lo hace el valor de las tierras agrícolas, lo que hace que la tala de bosques resulte aún más lucrativa.

La guerra de Irán ya está imponiendo esa disyuntiva. Los gobiernos que se enfrentan a una crisis de los precios de los combustibles tienden a recortar presupuestos, y los organismos medioambientales rara vez cuentan con el peso político necesario para proteger los suyos. Esto abre la puerta al acaparamiento de tierras y a la tala ilegal, que las organizaciones criminales no tardan en explotar.

Otra vulnerabilidad es la producción alimentaria. Aunque los efectos del desplazamiento de los agricultores y la interrupción de los cultivos pueden tardar meses, incluso años, en manifestarse, la guerra de Irán ha acelerado el proceso al sumir a los mercados de materias primas en el caos. Las interrupciones en los envíos de ácido sulfúrico y gas natural desde el Golfo, por ejemplo, ya están aumentando los costes para los agricultores que dependen de las importaciones.

El Banco Mundial prevé que su índice de precios de los fertilizantes aumente más de un 30 % en 2026, como consecuencia del incremento de los costes de los insumos, la demanda de biocombustibles y la crisis del estrecho de Ormuz. Los países más pobres, donde los agricultores tienen menos acceso al crédito y los gobiernos disponen de menos recursos para amortiguar las fluctuaciones de precios, serán los más afectados.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia puso de manifiesto lo rápido que una guerra en una parte del mundo puede poner en peligro la seguridad alimentaria en otra. La guerra en Irán está afectando ahora a esas mismas cadenas de suministro, que ya se encontraban bajo presión. Es posible que una escasez de fertilizantes que retrase la siembra no reciba tanta atención mediática como un ataque con misiles, pero sus consecuencias pueden ser aún más devastadoras y duraderas.

La diplomacia climática en el punto de mira

En lugar de reforzar los planes de reducción de emisiones o proteger los bosques, los gobiernos se centran en contener los precios de la energía y garantizar el suministro de combustible. No es difícil entender por qué: las políticas climáticas ya son de por sí difíciles de vender sin que los hogares y las empresas se quejen del aumento de los costes del combustible. La diplomacia climática es una de las cosas más fáciles de posponer.

A medida que las sequías cada vez más graves secan los ríos y avivan los incendios forestales en toda Europa y América del Norte, el momento no podría ser peor. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) celebrada el año pasado en Belém concluyó sin que se adoptaran hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles o detener y revertir la deforestación. Posteriormente, la presidencia brasileña puso en marcha ambas iniciativas al margen del acuerdo formal de la COP30, pero esos esfuerzos deben competir ahora con una guerra que está acaparando la atención diplomática y el dinero público.

Sin embargo, las consecuencias de retrasar la descarbonización ya no son hipotéticas. Cada año que aumenta el uso de combustibles fósiles y los bosques siguen desapareciendo se ejerce más presión sobre el sistema climático, lo que incrementa el riesgo de una mayor pérdida de capas de hielo, una circulación oceánica más débil, precipitaciones más erráticas y daños graves a ecosistemas vitales.

Como todas las guerras, la guerra de Irán acabará por terminar. Se reanudará el transporte marítimo, se firmarán contratos de reconstrucción y la atención del mundo se centrará en otros asuntos. Pero las infraestructuras con altas emisiones de carbono construidas en respuesta a una crisis energética pueden permanecer en pie durante décadas, mientras que los ecosistemas dañados quizá nunca se recuperen por completo.

Aunque la guerra ha complicado las negociaciones climáticas, la agitación geopolítica no tiene por qué descarrilar la transición energética. Apostar por los biocombustibles y volver al carbón son decisiones políticas, y los gobiernos pueden optar por no sacrificar la Amazonía para mantener bajos los precios de los combustibles.

Para evitar ese resultado se necesitan medidas de protección claras. Cualquier decisión de mantener en funcionamiento las centrales de carbón debería tener una fecha de caducidad, y las compras de gas de emergencia no deberían obligar a los países a comprometerse a recibir durante décadas un suministro que quizá no deseen. La aplicación de la normativa medioambiental debería protegerse frente a los recortes presupuestarios de emergencia. Y cuando se ponga en marcha la reconstrucción, debería dar prioridad a los materiales con menores emisiones de carbono.

Estas medidas deben ir acompañadas de inversión pública, ya que las crisis energéticas tienden a convertir las políticas climáticas en un lastre político. Los gobiernos tendrán que amortiguar el golpe, pero las ayudas deben destinarse a los hogares con menos ingresos, en lugar de subvencionar la electricidad de forma generalizada. También deben invertir en medidas que reduzcan la demanda de forma permanente, como la energía limpia descentralizada y un mejor transporte público.

Las energías renovables ya están empezando a reducir la dependencia de fronteras en disputa y rutas marítimas peligrosas. La capacidad mundial de energía renovable alcanzó un récord de 5,149 gigavatios el año pasado, con 692 gigavatios añadidos solo en 2025. Las energías renovables representaron el 85.6 % de toda la nueva capacidad energética y ahora constituyen casi la mitad de la capacidad de generación instalada a nivel mundial, aunque el mundo está muy lejos de alcanzar el objetivo de triplicar la capacidad renovable para 2030.

Estas cifras miden la capacidad más que la generación, pero muestran la rapidez con la que están cambiando los sistemas eléctricos. Las energías renovables no hacen que los países sean inmunes a las crisis. Las redes eléctricas pueden sufrir ataques o fallos, y gran parte de los equipos de los que dependen se transportan a través de cadenas de suministro globales. Lo que sí reducen es la dependencia de los combustibles importados.

La guerra de Irán ha hecho que resulte difícil ignorar las ventajas de la energía limpia en materia de seguridad. Al fin y al cabo, la energía solar y eólica generada a nivel nacional no puede ser bloqueada en un estrecho situado al otro lado del mundo. Sin embargo, los esfuerzos por reducir la dependencia del petróleo pueden crear nuevas vulnerabilidades. La renovada presión sobre los bosques tropicales debido al aumento de la demanda de biocombustibles muestra lo que ocurre cuando se trata a los ecosistemas como algo prescindible.

La seguridad energética y la seguridad climática no son lo mismo, pero ahora se refuerzan mutuamente. Reactivar las centrales de carbón o buscar proveedores de petróleo más seguros contribuiría poco a proteger al mundo de futuras crisis energéticas o medioambientales. La única vía sostenible es acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles, al tiempo que se construyen sistemas de energía limpia más diversos, descentralizados y resilientes. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Lourenço Bustani ha colaborado en este artículo de opinión.

Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé y del Grupo SecDev, es miembro de la Academia Robert Bosch.

Carlos Nobre, científico sénior del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo, es copresidente del Panel Científico para la Amazonía.

Johan Rockström, director del Instituto de Investigación sobre el Impacto Climático de Potsdam y catedrático de Ciencias del Sistema Terrestre en la Universidad de Potsdam, es copresidente de la Comisión Global sobre la Economía del Agua.